Feministas anticipan en la sede del Congreso de Puebla que impulsarán una iniciativa de ley para que los padres que incumplan con el pago de la pensión alimenticia de sus hijos sean encarcelados.
Así lo adelantó Sheridan Balderas, representante del Frente Poblano contra Deudores Alimentarios: “lo que hacen es un delito, están violentando a sus propios hijos. Los progenitores no pueden seguir violentando a sus hijos y pensar que solo están pidiendo dinero (...) si los deudores alimentarios se dan cuenta de que tienen un castigo penal, creo que tendrán un poco más de vergüenza”.
Por ello, agregó que presentarán la reforma ante el Congreso de Puebla, con el objetivo de que los menores tengan acceso a una manutención digna.
En relación con la denominada “Ley Sabina”, aprobada en noviembre de 2023, que permite exhibir públicamente a los deudores alimentarios, señaló que esta medida no garantiza en los hechos que se cumpla con el pago de la pensión alimenticia.
En consecuencia, apuntó la necesidad de reformar el Código Penal del Estado para que los deudores alimentarios sean encarcelados. Esto se debe a que, de acuerdo con las normas legales vigentes, tienen la posibilidad de acceder al derecho a fianza para mantenerse en libertad.
Además, consideró que se deben endurecer las sanciones actuales, que van de seis meses a cinco años de prisión, como otra medida de presión enfocada en los padres incumplidos.
Adicionalmente, pugnarán por la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios.
En marzo de 2023, se emitió un decreto nacional para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que consiste en hacer público el nombre de los deudores alimenticios, quienes no podrán salir del país, tramitar credencial de elector, casarse o participar como candidatos a cargos de elección popular.
El 16 de noviembre, los diputados locales de Puebla modificaron la ley para que en la entidad funcione este padrón de deudores, lo cual no implica la creación de un registro estatal, sino que se armonizará con el nacional, en conformidad con los lineamientos establecidos en el Diario Oficial de la Federación.