El 7 de noviembre de 2022 se cumplieron los primeros diez años desde que el feminicidio fue reconocido en las leyes poblanas como un delito.
En esa fecha, los diputados del Congreso local reconocieron ese tipo de homicidio al hacer reformas al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
En un inicio se contempló que la pena máxima de prisión ante la evidencia del asesinato de una mujer por razones de género alcanzara los 50 años de prisión.
Solo pasaron tres años para que en 2015, los diputados locales endurecieran las penas al establecer 60 años de cárcel a los feminicidas y fijar una multa de hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En el 2019, otro avance importante fue la inclusión del feminicidio en el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
El delito se incluyó junto con el abuso o violencia sexual contra menores, el robo de casa habitación y el uso de programas sociales con fines electorales.
Recientemente una modificación relativa al feminicidio que se propuso en el Congreso poblano fue la denominada Ley Monzón y una contrapropuesta surgida desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el mismo sentido.
Las reformas que surgieron a raíz del asesinato de la activista Cecilia Monzón Pérez en el que está vinculado su expareja, el político Javier N., buscan que tanto en el Código Penal como en el Civil se proteja a los menores cuyos padres son vinculados a proceso por el delito de feminicidio.
La finalidad es que los menores no queden bajo resguardo del tutor señalado por el homicidio y que se privilegie a la familia de la víctima.
Tanto la propuesta original hecha por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, como otra más que presentaron diputados del tricolor, se encuentra actualmente en análisis.
También está en revisión una propuesta hecha en mayo del 2022 que busca sancionar con 15 años de cárcel a funcionarios que filtran información fotos y videos de víctimas de feminicidio.
