La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionó una planta industrial de azúcar en el municipio de Coxcatlán y descubrió que la empresa incumplía con el estudio de impacto ambiental.
Por ello, exigió a la empresa azucarera CIA Energética de Vigo S. de R.L. construir un pozo para extraer aguas subterráneas, diseñar y edificar una planta para el tratamiento de las aguas residuales industriales e instalar una segunda caldera, a fin de cumplir con los criterios en la materia.
Juan José Hernández, director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), explicó que ese organismo emitió el respectivo dictamen de acuerdo con el expediente clave 21PU2022ID007.
“Lo que nosotros logramos identificar es que la empresa no contaba con el permiso de Semarnat, y que tuvo que haber una condicionante por parte del Ayuntamiento de Coxcatlán para presentar este estudio, reiterando el giro y la dimensión que así lo indica la propia Ley de Equilibrio Ecológico”, indicó.
De alguna manera, el Ayuntamiento de Coxcatlán ya había otorgado las licencias del uso de suelo y el permiso de construcción, sin contar con el estudio de impacto ambiental.
Agregó que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió al lugar y de acuerdo con su inspección, definió lo que debe hacer la empresa.
El proyecto de la planta consiste en la instalación y operación de una fábrica procesadora de caña para la producción de azúcar granulada en calidad estándar blanca.
El sitio donde se ubica la fábrica pertenece al municipio de Coxcatlán y el uso de suelo en el sitio del proyecto es industrial.
La Profepa verificó que el proyecto no se ubica dentro de algún área natural protegida y que cuenta con edificaciones en una superficie de 7 mil 701.83 metros cuadrados.
La vida útil del proyecto está contemplada para un periodo de 30 años o más.
“Es importante mencionar que la etapa de preparación del sitio y construcción ya fue realizada; es decir, se instaló la planta industrial sin contar con autorización previa en materia de impacto ambiental. Por este motivo, la delegación federal de la Profepa en el estado de Puebla efectuó una inspección, resultando el emplazamiento a que fue motivo la empresa”, se lee en la Gaceta Ecológica 2022.
Al respecto, el director del Igavim refirió que, en casos como estos donde las obras no cumplen con todos los requerimientos, los ciudadanos pueden denunciar o solicitar la aclaración a los ayuntamientos sobre el tipo de obra que se está realizando.
“El hecho de que el ciudadano se involucre permite que haya un orden, porque al final del día este tipo de obras repercuten en tu planeación territorial. Ésta depende mucho de los proyectos que se realicen y de lo que se dé a conocer a la ciudadanía”, acotó.