El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde entonces, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos que no se pueden negar y que corresponden a toda persona como ser humano, ya sea hombre, mujer, niño o adulto; es para todos.
No puede haber distinción de ninguna clase, como raza, color, sexo, orientación sexual o identidad de género, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro tipo, origen nacional o social, posición económica, nacimiento y cualquier otra situación. Universal significa todas las personas en todos los lugares.
Esta declaración sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Por primera vez, los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad.
Contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Por lo tanto, también se ha convertido en el documento más traducido del mundo.
Estos son los 30 derechos, que en el documento puedes conocer plenamente cada artículo detallado, entre los que destacan el derecho a la libertad, a no ser torturado, libertad de expresión, a la educación, a la salud, a una vivienda, a la movilidad, entre otros:
De acuerdo con el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Ibero Puebla, se han identificado algunas garantías que deben ser atendidas por el Estado.
El IDHIE Ibero Puebla reportó un incremento en quejas por violaciones de derechos humanos en el estado, mismas que sumaron 4 mil 552 casos al cierre del primer semestre del 2023, siendo los ayuntamientos las instituciones más señaladas en la entidad.
En la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el IDHIE denunció el uso inadecuado del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, ya que carece de reglas de operación. Esto significa que hay 14 millones de pesos desaprovechados.
En el balance que realizó respecto al derecho de acceso a la justicia, a partir del análisis del contexto de vulneraciones en la región y la documentación de casos, encontró que existen omisiones en la investigación de feminicidios en Puebla, como la falta de una planeación integral y coherente de la investigación, que implique una ruta para conocer la verdad de los hechos y que en su momento garantice justicia.
También observaron la falta de perspectiva de género de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y del Poder Judicial del Estado al investigar y juzgar a mujeres que, tras defender su vida o las de sus hijos frente a un agresor, este ha resultado herido o muerto.
Académicos e integrantes del IDHIE de igual manera reportaron respecto a la desaparición de personas, de los casos documentados, se ha identificado una falta de construcción de enfoques diferenciados al realizar las acciones de investigación, así como una escasa claridad en las líneas de investigación conforme a las particularidades del contexto de la desaparición.
Por lo que el llamado a las autoridades es que se tomen en cuenta los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género para investigar con debida diligencia a partir de un Plan de Investigación, garantizando el derecho de las víctimas indirectas a la información y participación en el proceso.
En lo que hace al caso de embarazos en adolescentes, destacaron que Puebla ocupa el segundo lugar nacional en embarazos en adolescentes de 15 a 19 años y el tercer lugar nacional por el número de embarazos en niñas de 10 a 14 años.
Al cierre del tercer trimestre del 2023, el estado ocupó la sexta posición nacional más alta en mortalidad materna.
La violencia obstétrica sigue siendo una problemática en Puebla, pues los indicadores también reportaron cifras altas como el hecho que en Puebla, el 33.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvo un parto o cesárea experimentó algún tipo de maltrato durante la atención.
En ese sentido, exigieron al gobierno del estado garantizar servicios de salud sexual y reproductiva adecuados y accesibles para todas las personas, reforzar las campañas de información sobre la reciente tipificación de la violencia obstétrica y sus respectivas rutas de denuncia, aplicación de políticas públicas eficaces para disminuir los embarazos en niñas y adolescentes, así como la mortalidad materna.
Las desapariciones de personas en México suman miles desde 1962, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En Puebla, en el 2022, el IDHIE observó un repunte en las denuncias por desaparición.
Según la Fiscalía General del Estado, en 2022 hubo mil 713 denuncias por desaparición, convirtiéndose así en el periodo con más denuncias desde 2012. Para junio de 2023, se denunció la desaparición de 152 personas más, siendo las infancias y juventudes las poblaciones más afectadas.
Los jóvenes de 21 a 30 años concentran la mayor cantidad de reportes de desaparición. Respecto a mujeres no localizadas, el rango etario es de los 11 a los 20 años.
Por ello, el IDHIE hizo un llamado al Congreso del Estado para aprobar la Ley de Declaración Especial de Ausencia, a fin de garantizar la protección de las víctimas de desaparición y sus familias.
A la FGE le pidió crear un Banco Estatal de Datos Forenses, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y el Programa Estatal de Búsqueda, pendientes de que la Comisión de Búsqueda no cumpla.