El asesinato del perro conocido como Huellitas a manos de Vanessa en Huauchinango, tiene algunos elementos que llaman la atención y constituyen una alarma.
Entre ellos, hay que destacar el clamor ciudadano de justicia, que es, a todas luces, una acción social elemental.
Lo que resulta inquietante es que en redes sociales se crean cuentas falsas en las que se ofrecen recompensas y en los hechos se hace escarnio de la menor implicada.
Otra situación que resulta lógica, es que Vanessa en particular y su familia en general, reciban asesoría y apoyo psicológico. Lo preocupante es que la autoridad no precise su paradero y situación legal, y con ello se abone al incremento de la indignación social.
Sin duda es necesario que el caso sea tratado con apego a la normatividad vigente, por tratarse de una adolescente, pero lo deseable es que se informe la situación legal en términos generales.
Por lo que hace a la familia de la menor implicada, indigna el hecho de que se haya tratado de inhibir la participación de los integrantes de la comunidad estudiantil, en la manifestación que se llevó a cabo.
Y lo que puede resultar alarmante es que la autoridad, en este caso, los directivos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 86 y la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal no establezcan con claridad si el padrastro de la menor habría tenido alguna intervención, en su calidad de funcionario de la institución, para tratar de impedir la protesta del alumnado.
Otro punto de alarma, que compete sin duda al núcleo familiar y al médico tratante, es la evidente desestimación del riesgo que podía tener el padecimiento que sufre la menor de edad.
Un último punto de alerta, lo constituye la evidente aversión social a la que se expone a Vanessa, al retrasar la difusión de información sobre el caso y que, al momento, se enfoca a la organización de una marcha más.
Finalmente, más allá del endurecimiento de las penas que deben aplicarse por maltrato animal, sin duda el caso podría llevar a algunos sectores sociales a pugnar porque se revisen las sentencias que pueden aplicarse a los menores infractores.
Aunque en el caso de la menor implicada, todo indica que su comportamiento tiene como punto de partida una afectación psicológica, cuyas consecuencias no fueron estimadas de manera adecuada.
En el plano institucional, el escaso margen de maniobra de instancias como el Instituto de Bienestar Animal (IBA) de Puebla, cuya acción se limita a la presentación de denuncias ante la autoridad correspondiente, estremece a la sociedad.
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