Desde el miércoles 14 de agosto, el ex gobernador Mario Marín Torres continúa su proceso penal en prisión domiciliaria en la ciudad de Puebla, gracias a que tuvo el dinero suficiente para cumplir con un requisito que prácticamente es un lujo entre los procesados.
El uso de un brazalete electrónico es requisito para todo preso que está en arraigo domiciliario, a fin de detectar su ubicación y todos los movimientos que realiza. Para que ello ocurra, los jueces piden al procesado que pague por la compra o renta del aparato, pues de lo contrario, no pueden salir de prisión.
Al menos desde 1999, diferentes áreas de estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que el uso de ese tipo de dispositivo traería riesgos.
En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ante un reclamo de acción de inconstitucional promovido por autoridades en derechos humanos, que era válido hacer que los procesados pagaran por el brazalete.
Sin embargo, en la práctica, eso limita a que sólo unos cuantos procesados con dinero puedan acceder a ese beneficio.
Una de las investigaciones más recientes de la UNAM se publicó el 1 de diciembre de 2021 en la revista Corriente Alterna. En "Las batallas de Leo contra el sistema penal", relatan la historia de una mujer que transicionó de género estando recluida en Santa Marta Acatitla y cuyos estudios en Derecho le permitieron reducir su sentencia hasta lograr una prisión domiciliaria impagable.
A los 18 años fue detenida por vincularla con el robo de una camioneta de valores y la sentenciaron a 96 años de prisión y 8 millones de pesos de indemnización.
Sin embargo, al formarse como abogada en un programa especial dentro de la prisión, logró que se reconociera que había sido víctima de tortura y que esto redujera su pena a 30 años de cárcel. Después, logró que se le concediera la prisión domiciliaria por el resto del tiempo que faltaba para cumplir su sentencia.
Pero fue entonces cuando su familia encontró una dificultad más, pues debían pagar 92 mil 600 pesos por la renta del brazalete cuando, según relata, su complicada vida en prisión no les permitía juntar ni 5 mil pesos.
La historia de Leo contada por la UNAM también va acompañada con estadísticas a nivel nacional, pues sólo entre los años 2016 y 2021, 262 personas sentenciadas obtuvieron la libertad condicional mediante el uso de un brazalete de monitoreo electrónico, como el que porta ahora Mario Marín.
De estas personas, 249 fueron hombres y 13 mujeres, por lo que también advierten una brecha que se basa en juicios sin perspectiva de género. De ese total, sólo 174 pudieron pagar el brazalete con sus recursos propios y otras 87 personas tuvieron que permanecer en prisión por falta de dinero.
