Con 194 casos de despojo registrados en el primer bimestre de 2023 -casi tres al día-, Puebla se convirtió en el octavo estado con más casos de ese delito en el país.
Así lo reflejan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que a nivel nacional contabilizaron 4 mil 858 carpetas de investigación..
Por arriba de Puebla estuvieron el Estado de México con 784, la Ciudad de México con 623, Veracruz con 310, Nuevo León con 253, Guanajuato con 226, Jalisco con 215 y Morelos con 203.
Debajo de Puebla, están Baja California Norte con 176, Querétaro con 171, Hidalgo con 156, Oaxaca con 142, Michoacán con 141, Quintana Roo con 136, Chihuahua con 135, Tamaulipas con 121, Guerrero con 112 y San Luis Potosí con 109.
En contraste con los estados de alta incidencia, hay ejemplos como el vecino Tlaxcala, el último de la lista que sólo tuvo un caso en el primer bimestre del año o Yucatán que tuvo seis.
Con menos de una centena están: Sinaloa, Tabasco, Durango, Morelos, Coahuila, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora, Baja California Sur, Nayarit y Chiapas.
En las cifras del secretariado también es posible identificar que Puebla tuvo más registros de despojo que de otros delitos considerados como daño patrimonial, como el abuso de confianza que sumó 189 carpetas de investigación o la extorsión con 21.
La cifra sí es menor que otros delitos del mismo rubro como el robo que en sus diferentes modalidades sumó 4 mil 928 casos, el daño a propiedad con 668 o el de fraude, con 642.
De acuerdo con planteamientos del Congreso de la Unión, el despojo es un daño que sufre el individuo en su patrimonio y en múltiples ocasiones por la falta de recursos para defenderse.
En el estado es un delito previsto en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano que implica de tres meses a tres años de prisión y una multa de cinco a 50 veces la Unidad de Medida y Actualización que en 2023 van de 518 a 5 mil 187 pesos.
Las penas se pueden incrementar hasta en una tercera parte si los afectados son adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
Asimismo, se prevé prisión de 6 a 9 años y multa de cien a mil quinientas unidades si actúan más de cinco personas o en contra de zonas declaradas como Área Natural Protegida.
La propuesta más reciente para endurecer las medidas del Código Penal las propuso en noviembre de 2021 el diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Castillo López, y sigue en análisis.
Tras la explosión de un gasoducto en San Pablo Xochimehuacán, planteó que las sanciones se incrementarán hasta los 20 años de prisión y 600 veces la UMA con modificaciones también a los delitos contra grupos vulnerables.
