En la República Mexicana, 22 estados ya cuentan con un Registro de Deudores Alimentarios donde se exhiben públicamente los nombres de aquellos padres de familia que no han hecho el pago de la pensión alimenticia a sus hijos.
Las reglas varían dependiendo el estado, pero en la mayoría de los casos como en la Ciudad de México, si un hombre está en esa lista, no puede ocupar ningún cargo público o está imposibilitado para postularse a algún puesto de elección popular.
Puebla es uno de los pocos estados donde no existe una lista negra, aunque en los últimos dos años se han presentado propuestas.
Actualmente, el Poder Legislativo tiene en análisis dos propuestas de diputados emanados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
La primera de ellas y más detallada fue la de la legisladora Guadalupe Yamak Taja y también hay otra de Edgar Garmendia de los Santos.
Ambas buscan reformar el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla, aunque la primera propuesta es más completa en cuanto al mecanismo para elaborar dicho registro.
La iniciativa establece que sea la Dirección General del Registro Civil la que tenga a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Puebla.
Destaca que estar inscrito en este padrón, impediría a la persona contraer matrimonio o adoptar a un menor, pues para ambos trámites se necesitaría una constancia de no morosidad.
En la propuesta de Yamak Taja también se agrega un mecanismo para que las personas deudoras puedan limpiar su historial mediante la demostración del finiquito en un juicio, así como con el otorgamiento de garantías para que cumplan con las aportaciones.
Sin embargo, ambas propuestas siguen congeladas en el Congreso del estado, así como otra más que en su momento hizo el exdiputado independiente José Juan Espinosa Torres en la que proponía reformas para también garantizar el pago de los gastos de educación.
