En los municipios de Acatlán de Osorio y Piaxtla no hay desgobierno, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al agregar que los presidentes municipales suplentes se están haciendo cargo de los Ayuntamientos.
“Están caminando los gobiernos y yo quisiera que los alcaldes que están privados de su libertad, pudieran acreditar su inocencia en los hechos que se les imputa, es mi deseo”, expresó el gobernador en videoconferencia.
Incluso refirió que en breve acudirá a Acatlán de Osorio para inaugurar un bulevar que comprometió con el edil Arturo Cajica Gómez que está detenido.
En otro tema, Barbosa Huerta agregó que todas las autoridades de gobierno deben iniciar procedimientos de investigación sobre las irregularidades que detecten.
“Desafortunadamente, no ha habido voluntad de muchas autoridades para hacerlo, y con eso están violando su obligación de cuidar los intereses del municipio donde gobiernan”, dijo
A su decir, todos los presidentes municipales deben investigar si las administraciones anteriores hicieron uso legal o ilegal de los recursos públicos, pues consideró que si los encubren están siendo desleales al cuidado de los intereses de su municipio.
Cabe recordar que el pasado 9 de mayo fue detenido Arturo Cajica Gómez, presidente municipal de Acatlán de Osorio.
Actualmente permanece en el penal de San Miguel, por orden de un juez de control, sin que se precisen los delitos que se le imputan.
La detención se hizo tras la ejecución del director de Seguridad Pública de Acatlán de Osorio, Héctor García Álvarez y de su esposa Guadalupe Campos, el 21 de abril, por unos sujetos que los emboscaron en la carretera Piaxtla-Tecomatlán.
En el caso de Miguel Maceda Carrera, presidente municipal de Piaxtla, fue detenido el pasado 6 de julio y por orden de un juez de control permanece en el penal de San Miguel.
Se le imputan los delitos de encubrimiento, ejercicio indebido de funciones públicas y homicidio; éste último por el caso de Ángel Aquino, de 45 años de edad y quien murió el 19 de junio tras ser detenido por policías municipales por alterar el orden público.
