La Comisión Nacional del Agua manifestó que el conflicto de la planta Bonafont -ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla- ocasionado por grupos que se oponen a su operación “corresponde a un tema de gobernabilidad”.
Aclaró que no tiene competencia en este asunto y que debe ser atendido por los particulares y las autoridades estatales involucradas.
El jueves 5 de agosto, trabajadores de Bonafont se manifestaron afuera de Casa Aguayo para solicitar la intervención del gobernador Miguel Barbosa a fin de que se reabra la planta, ya que permanece cerrada desde el 22 de marzo cuando integrantes de la organización Pueblos Unidos bloquearon el acceso a la empresa, argumentando ser la responsable de la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la zona.
En respuesta, Barbosa Huerta pidió a la Conagua y a la delegación de la Secretaría de Gobernación federal a dar la cara para resolver este conflicto.
El mandatario explicó que a la Conagua le correspondía debido a que es el organismo encargado de expedir las licencias de funcionamiento.
Al respecto, la Conagua, en un comunicado emitido este viernes, aclaró que es únicamente responsable del marco normativo en materia de aguas nacionales.
Detalló que de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, le corresponde lo relativo al otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de aguas nacionales, permisos de descargas de aguas residuales y autorizaciones de obra en cuerpos de agua de propiedad nacional y sus bienes inherentes.
“Lo anterior, sin menoscabo de las demás autorizaciones federales, estatales o municipales que las empresas deban obtener para su operación y funcionamiento, en materia ambiental, uso del suelo, mercantil, salud, protección civil, entre otras, previstas en el marco legal correspondiente y que competen a otras autoridades”, aclaró.
La institución federal reiteró su disposición al diálogo “con estricto apego al marco legal vigente como vía para la solución de las controversias”.
