El caso de Lydia Cacho comenzó con la publicación del libro "Los demonios del Edén" y alcanzó su punto neurálgico con su posterior arresto y traslado a Puebla. En ese contexto, se identifican cuatro personajes clave:
Cacho también denunció que el tribunal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) desactivar la ficha roja para aprehender al empresario, quien estaba detenido en el Líbano. Sin embargo, el 27 de agosto de ese año, la magistrada Selena Avante Juárez decidió poner fin a su arresto preventivo, a pesar de las pruebas aportadas por Cacho.
Nacif se encuentra actualmente prófugo, pero se le ubicó gracias a conversaciones que mantuvo con el gobernador Mario Marín en torno a la detención de la activista.
Recientemente, obtuvo un cambio en sus medidas cautelares y abandonó la prisión donde se encontraba recluido. Su excarcelación se reportó la noche del 6 de agosto, después de que se modificaran sus medidas cautelares debido a un amparo promovido en el Juzgado Segundo de Distrito contra la formal prisión.
Continuará su proceso en libertad, pero no podrá salir de Cancún y tendrá que presentarse una vez al mes ante las instancias de procuración de justicia.
En diciembre de 2014, fue detenido el excomandante de la Policía Ministerial en Puebla, José Montaño Quiroz, por actos de tortura cometidos contra la periodista; fue sentenciado a 5 años de cárcel en 2017.
En diciembre de 2018, fue detenido el agente ministerial Alejandro Rocha, también por actos de tortura.
El 30 de abril de 2019, la FGR detuvo en el Estado de México a Juan Sánchez Moreno, exdirector de Mandamientos Judiciales de Puebla, quien se declaró culpable de las torturas a Cacho y fue sentenciado a más de 5 años de prisión.
Inicialmente, Lydia Cacho señaló a 17 personas como presuntas responsables de los actos de tortura y aprehensión de los que fue objeto.
Además, denunció ante la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos Contra Periodistas a la entonces procuradora de Puebla, Blanca Villeda, y a la jueza Rosa Celia Pérez González, quienes fueron acusadas de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.