Activistas de la fundación Carmen Sánchez MX analizaron este martes en el Congreso de Puebla las trabas para sancionar ataques con ácido.
Durante la realización del Foro de Violencia Ácida, expusieron la crisis a nivel nacional tanto en discriminación, como en la falta de acceso a la justicia y la atención médica.
En su intervención, Ximena Canseco, cofundadora y vicepresidenta de la fundación, expuso que ellas han documentado 34 casos, pero que estiman que esto sólo sea un 10 por ciento de los casos totales a nivel nacional.
Entre los problemas que observan para las víctimas está el hecho de que no acceden a la justicia y se enfrentan a mayores riesgos luego de los ataques con ácido.
"Todas ellas se enfrentan a amenazas por parte de la comunidad, por parte de la familia del agresor o por parte del mismo agresor", dijo.
A pesar de que se denuncian los hechos y se tenga a los presuntos responsables, las investigaciones suelen quedarse estancadas, como sucedió en el caso de Esmeralda.
El agresor de esta víctima, señaló Canseco, se encuentra en prisión desde hace cuatro años, sin embargo todavía no existe una sentencia.
Presente en el foro, Esmeralda agregó que además de la falta de acceso a la justicia, las víctimas de ataques con ácido enfrentan limitantes en la atención médica.
En su caso, recordó que tras ser atacada, el médico que la atendió le hizo ver que contaba sólo con tres meses para concretar un transplante de córnea, cuando no tenía garantizados ni los alimentos.
"Ha sido fuerte, perdí realmente la córnea del lado derecho cuando me dijo el doctor nada más te damos tres meses para que puedas comprarte una córnea", recordó.
Por ahora, Esmeralda se encuentra en la lucha por no perder del todo la visión del ojo afectado y en el proceso enfrenta tanto inseguridad al relacionarse con otras personas, como discriminación.
Esto último, destacaron, ocurre incluso en el ámbito laboral pues los empleadores no están dispuestos a asumir los costos de seguridad social que implica la recuperación.
En el foro participó el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, quien hace unos meses presentó una propuesta aún en análisis para reconocer y sancionar los ataques con ácido en las leyes poblanas.
El legislador hizo hincapié en que es obligación tanto de los diputados, como los funcionarios y la sociedad civil trabajar en conjunto para hacer frente a problemas como el de esta violencia.
Agregó que en el caso de Puebla han registrado siete casos y que al menos cuatro de ellos ocurrieron después de 2021.
Al igual que en la tendencia nacional estiman que este porcentaje es menor frente a la realidad por la falta de denuncias.
