El lunes 15 de julio, Puebla se convirtió en el estado número 14 de México en aprobar la despenalización del aborto y así quedan las sanciones tras su aprobación.
Esto es importante, pues en realidad no es que ya no se considere un delito, sino que se establecen límites para realizar la práctica de forma legal dentro de las primeras semanas de desarrollo de un embrión y feto.
A nivel internacional se ha coincidido en que es hasta después de la semana 12 cuando el desarrollo del sistema nervioso generaría dolor y también es una etapa segura para que en la mujer se realice el procedimiento.
En el caso del Código Penal del estado de Puebla esa práctica y sus sanciones se consideran en los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 que son los que se modificaron para la despenalización.
Ahora se establece que se impondrán de seis meses a un año de prisión a la mujer o persona gestante que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar, después de las 12 semanas de embarazo.
Además de eliminar las penas en ese primer trimestre, las reformas también establecieron sanciones para quienes realicen la práctica después de ese periodo y se debe considerar lo siguiente.
Por un lado, a quien hiciere abortar a una mujer o persona gestante con consentimiento de ella, después de esa etapa de gestación, se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sin importar el medio que se utilice.
También se reconoce el aborto forzado como la interrupción del embarazo, en cualquier momento de la gestación, sin el consentimiento de la mujer o persona gestante.
En este caso, ese hecho se castigará con cuatro a ocho años de prisión y se agrega que la pena será de ocho a 10 años de prisión si además de todo se aplica violencia física o moral.
Con la aprobación Puebla se convirtió en el estado número 14 de 32 en despenalizar el aborto, sin embargo, ha sido un camino de 17 años de luchas para las diferentes entidades que lo han logrado.
Al margen del reconocimiento de los congresos locales, en septiembre de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional penar a las mujeres por realizar esa práctica en las primeras semanas de gestación.