Defraudados por la firma AE Capital, dieron a conocer que por segunda ocasión la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla presentó la solicitud de Judicialización ante el Juzgado de Control y Oralidad Penal de esta ciudad, en contra de Luis Antonio Echevarría Fonseca y Gabriel Antuán Ortega Vázquez.
Dieron a conocer por escrito que dicha solicitud tiene como propósito que se ejercite acción penal a través de orden de aprehensión contra la firma AE Capital, su apoderado legal Luis Antonio Echevarría Fonseca y su socio Gabriel Antuán Ortega Vázquez y una vez detenidos se les vinculé a proceso.
Los inconformes señalaron que AE Capital ha presentado un sin número de amparos para evadir sus responsabilidades e impidiendo la acción penal en su contra.
La primera Solicitud de Judicialización que la FGE de Puebla presentó fue el 22 de octubre de 2021, pero los señalados se ampararon.
Para mayo recién pasado, personal de la firma desmontó las oficinas para evitar la auditoría en su contra.
A decir de los inconformes, al mismo tiempo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de AE Capital e identificó que parte del dinero de los inversionistas fue enviado al menos a siete países de América y Europa.
“Se han entregado miles de pruebas comprobando el fraude, la asociación delictuosa, la recaudación irregular de recursos, defraudación fiscal, delitos estatales y federales y los responsables siguen libres, pese haber dejado sin su patrimonio a un promedio de 2 mil personas y la mitad de la tercera edad”, señalaron en el comunicado.
En el documento también se convocó a las personas defraudadas por AE Capital a manifestarse frente a Casa Aguayo -sede del gobierno del estado-, el próximo martes 8 de noviembre, a las 10:00 horas.
“Nos estaremos manifestando para solicitar al Poder Judicial del Estado de Puebla respuesta a la brevedad para el ejercicio de la acción penal y la vinculación de los imputados”, acotaron.
Cabe recordar que la firma AE Capital surgió en el mercado en el año de 2015 e integrada por Luis Antonio Echeverría Fonseca, apoderado legal, y Gabriel Antuán Ortega Vázquez, como una Sociedad Anónima de Capital Variable.
Sin embargo, pese a que la empresa operó con el dinero de los inversionistas, a quienes defraudó con al menos 5 mil millones de pesos, no contaba con los permisos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).