A diferencia de la polémica que se generó en el 2021 por el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en la discusión de las propuestas de leyes de ingresos municipales, en este 2022 apenas tres ayuntamientos han expresado abiertamente que solicitarán el cobro de ese servicio.
Se trata de administraciones representadas por el Partido Acción Nacional (PAN): la de Puebla, encabezada por Eduardo Rivera Pérez; San Andrés Cholula, por Edmundo Tlatehui Percino y Cuautlancingo, por Filomeno Sarmiento Torres.
En las últimas semanas, los tres alcaldes han expresado su interés en hacer ese cobro, avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que la propuesta de incluirla en sus leyes de ingresos fue aprobada por sus cabildos.
En la capital de Puebla, los recursos obtenidos a través del cobro del DAP, se utilizarán para obras y diversas mejoras en la infraestructura, luego del recorte en el presupuesto federal.
En contraste, de la zona metropolitana, el cabildo de la también panista Paola Angón Silva, en San Pedro Cholula, no lo consideró en el presupuesto del siguiente año.
Mientras que en otros gobiernos de municipios altamente poblados y gobernados por los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cobro del DAP para 2023 no se ha abordado al menos públicamente.
Según lo previsto por la Ley Orgánica Municipal de Puebla, dentro de las atribuciones del ayuntamiento está que a más tardar el 15 de noviembre envíen al Congreso del estado su propuesta de ley de ingresos del próximo año.
"Presentar al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo del Estado, previa autorización de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, el día quince de noviembre la iniciativa de Ley de Ingresos que deberá regir el año siguiente, en la que se propondrá las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y en su caso los productos y aprovechamientos", se lee en el texto.
Una vez que las propuestas llegan al Congreso, los diputados harán análisis en comisiones y aunque el periodo termina a mediados de diciembre, las leyes podrían aprobarse en las siguientes dos semanas durante sesiones extraordinarias.
El año pasado fueron 144 de 217 municipios los que tuvieron el aval del Poder Legislativo para cobrar el DAP y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) argumentó que eran cobros inconstitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los validó el 29 de octubre del 2022.