El pasado lunes 21 de noviembre de 2022 fue noticia el caso de una mujer de 29 años de edad, identificada como Abigail Villalobos que subió a la pirámide de Kukulkán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, a pesar de estar prohibido.
Desde 2008, autoridades federales determinaron colocar un cordón de seguridad en la zona como medida de conservación y así evitar que visitantes deterioren la pirámide, pero la joven violó el cerco.
Tras lo ocurrido, la mujer fue presentada ante la comandancia municipal de Tinum, Yucatán, donde permaneció detenida por 30 minutos y fue liberada tras pagar una multa económica de cinco mil pesos.
A los usuarios de las redes sociales el castigo les pareció poco, justificando que tendría que recibir una sanción ejemplar para que no se vuelva a repetir un caso similar.
A fin de conocer lo que la norma indica en estos casos se consultó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, cuyas reformas más recientes se dieron en el 2018.
El artículo 28 menciona que son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la etapa hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, la flora y la fauna relacionados con esas culturas.
El artículo 52 dice que a quien por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.
Mientras que el artículo 55 añade: “cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”.
En ese sentido, considerando que el salario mínimo vigente para la Ciudad de México es de 172.87 pesos, la sanción que la mujer debió recibir era del rango de 34 mil 574 pesos a 172 mil 870 pesos.
La importancia de cuidar los monumentos históricos y sitios arqueológicos del país radica en que forman parte de nuestra herencia cultural.
“Los monumentos artísticos, arqueológicos e históricos son la huella de lo que fuimos, somos y dejaremos al mundo y olvidamos que al intentar dañarlos afectamos nuestra historia e imagen como nación”, menciona el gobierno federal en un texto sobre “Daños al patrimonio cultural nos afectan a todas y todos”.
En artículo refiere que alguna de las conductas vinculadas a este delito son:
-El daño, alteración o destrucción de cualquier zona, monumento o pieza arqueológicos, artísticos o históricos.
-El apoderamiento ilegal de cualquier mueble arqueológico, histórico o artístico.
-La compra o venta de un mueble arqueológico.
Si bien, a la fecha, no se conocen casos de personas que en lo individual y de manera espontánea hayan hecho alguna acción que atente contra el patrimonio histórico de Puebla, sí se conocen denuncias por daños a zonas arqueológicas.
En abril de 2016, especialistas mexicanos confirmaron daños en la zona arqueológica de Cholula por obras del gobierno estatal, las cuales también alteraban el paisaje de la zona.
Un segundo caso del que tuvo conocimiento el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el año 2020 fue respecto a las obras que de manera irregular se realizaron en un predio particular aledaño al sitio arqueológico de Amalucan, perteneciente a la ciudad de Puebla, debido al ingreso de maquinaria pesada para procesarlos y venderlos como grava.
Un tercer caso corresponde al sitio ceremonial de Teopanzolco, en el municipio serrano de Huauchinango, donde pobladores acusan que las obras en la mina Marna, propiedad del político Marco Antonio Natale, supuestamente opera sin permisos y causa afectaciones ambientales.
En enero de este 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las obras y actividades de extracción y explotación pétrea, pero no hubo mayores sanciones.