Los crímenes de odio en Puebla son delitos que, a decir de especialistas y activistas, se debaten entre la falta de precisiones en la ley y la falta de estadísticas oficiales.
Esto dice la ley
Tras diversas modificaciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en la entidad se considera la agravante del odio para determinar un homicidio como calificado y sancionar con la pena de veinte a cincuenta años de prisión.
Esta ley considera que existe odio cuando se comete por razón de origen étnico o nacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas, trabajo, profesión y si es contra el personal médico en tiempos de pandemia.
Así lo ve la academia
Sin embargo, a decir de especialistas, el Código Penal no termina por reconocer los crímenes de odio como tal ni por definir qué características suponen la existencia de ataques específicos para algún sector.
En 2018, por ejemplo, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana se ahondó en el artículo Crímenes de odio en Puebla, sobre la falta de precisiones en la ley para describir los crímenes perpetrados por la orientación sexual o el género.
En la teoría, se señaló, los crímenes relacionados con la diversidad sexual consideran que existen evidencias de la orientación o identidad de la víctima, que el cuerpo presente múltiples heridas que demuestren saña; que la víctima no conociera al perpetrador; que éste o algún testigo hicieran mención del motivo; que existieran muestras de odio contra personas de la comunidad y que no se cometiera robo como principal motivo.
El instituto también expuso en ese año la falta de estadísticas oficiales en versiones públicas de información y que como observatorio lograron tener acceso a datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque de años previos, con datos cruzados para identificar factores relacionados con la comunidad de la diversidad sexual y a través de solicitudes de transparencia.
Activistas reconocen avances
Otras organizaciones son más positivas en cuanto a la perspectiva de los crímenes de odio en Puebla e incluso catalogan al estado como uno de los pocos del país que ha avanzado en hacer este reconocimiento para víctimas de la misma comunidad de la diversidad sexual.
En el Informe 2020 Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT en México, publicado hace dos años por la Fundación Arcoiris, se reconoce a la entidad como una de las 12 que tiene tipificadas las agresiones u homicidios contra esa población.
Además de Puebla, reconocen avances similares en la Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes.
En este informe los activistas también dieron cuenta de las dificultades para acceder a cifras oficiales y reconocieron que a través de monitoreos de organizaciones, entre 2014 y 2020 lograron identificar 209 crímenes de odio.
A la cabeza, con 49, estuvo Veracruz; 37 se registraron en Chihuahua; 28 en Michoacán; 22 en Guerrero; 18 en Puebla; 14 en Coahuila; 13 en la Ciudad de México; 12 en Nuevo León; 10 en Jalisco; y otros seis en Baja California Sur.
