La autopista México-Puebla es un punto de venta de combustibles de contrabando que se identifican con fogatas, linternas y bidones colgados en la lateral, a la altura de los municipios San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Santa Rita Tlahuapan y San Salvador el Verde.
En un recorrido por la zona, EL UNIVERSAL PUEBLA pudo constatar que los expendedores de combustible robado llaman la atención de automovilistas y transportistas para la venta del llamado huachicol.
Los vendedores de huachicol en la México-Puebla montan sus espacios de venta en ambos sentidos de la autopista.
Durante horarios diurnos, son identificables porque cuelgan bidones vacíos al lado de la carretera.
Al caer la noche, se incrementa su presencia y usan diferentes tácticas para llamar la atención de los conductores, como son linternas y fogatas.
De acuerdo con las estimaciones del gobierno del estado, el robo de gas implica una pérdida diaria de hasta 200 millones de pesos.
Puebla se encuentra entre los estados donde se ha dado crecimiento exponencial de la extracción ilegal de combustible junto con Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz.
Desde 2011 se incorporaron cuatro delitos en materia de robo de hidrocarburos al Código Penal, al Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en un periodo que coincidió con la intensificación del número de tomas clandestinas.
De acuerdo con investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de 2018 han ocurrido los peores volúmenes de robo de combustible, por lo que el actual gobierno federal colocó el tema en el centro de su agenda.
Al comparar la información disponible sobre el robo de combustible encontraron que ésta es incoherente y contradictoria, lo que impide realizar un diagnóstico sobre la problemática.
Los investigadores de la UNAM identifican diferentes periodos del robo de combustible -primer periodo de 2000 a 2004, segundo, de 2005 a 2010, tercero, de 2011 a 2015 y cuarto de 2016 a 2018.
En dichos periodos identificaron un repunte de este delito de entre el 92 y el 153 por ciento y en cuyos años hubo diversas acciones públicas para combatirlo, especialmente en materia legal.
