Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación en el estado de Puebla, dio a conocer los avances que han tenido las mesas de diálogo con representantes, concesionarios y conductores del transporte público, quienes demandan un aumento en la tarifa en el pasaje.
Desde hace unas semanas los transportistas se han pronunciado por un aumento en la tarifa, la cual es de 8.50 pesos, pero bajo el argumento del aumento en el precio de los insumos y la inflación, exigen que el pasaje sea de 19 pesos.
En entrevista, el funcionario estatal dijo que el gobierno del estado les reiteró a los concesionarios y conductores del transporte público que el procedimiento para que se pueda considerar un aumento en la tarifa en el pasaje pasa por una serie de valoraciones técnicas.
Añadió que desde hace dos semanas la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno del estado lleva a cabo un trabajo técnico y se analiza que se tienen que hacer varios ajustes en distintas áreas, no solo aumentar la tarifa del pasaje.
Aquino Limón añadió que las autoridades no solo buscan que haya un aumento en el precio del pasaje, sino también mejoras en las unidades que prestan el servicio.
Se dio como plazo dos semanas para que se pueda dar a conocer el resultado del dictamen y derivado de esa presentación se tendrán que tomar decisiones.
El secretario de Gobernación destacó que las decisiones que se tomen no serán unilaterales, es decir, también se tomará en cuenta la opinión de los representantes de la ciudadanía y del equipo de transición del gobernador electo Alejandro Armenta, a través de Silva Tanús, próxima titular de la Secretaría de Movilidad.
“Ayer hablamos de que el hecho de que el gobierno haya otorgado beneficios por verificación y fotomultas, es algo que tiene que ver con este tema de la mejora, entonces acordarnos que vamos a dar un plazo de dos semanas para que nos puedan presentar este dictamen de manera práctica u objetiva”, remarcó.
Se fijó como fecha el 25 de noviembre para tener la siguiente reunión, y que los transportistas están en la libertad de expresar su inquietud de manera adecuada, siempre y cuando no haya afectaciones a terceras personas, ni a los usuarios.
“No vamos a limitar a nadie a que manifieste su interés de expresarse, va a haber un seguimiento y se va a presentar un documento más acordé a lo que requerimos. No es una camisa de fuerza, nosotros tenemos 30 días aún como gobierno y no podemos ponernos un límite de tiempo porque hay muchos elementos en juego”, acotó.
