En el caso de Neto Calderón, joven golpeado por un grupo de siete hombres la madrugada del 9 de septiembre en la zona de antros de Angelópolis, un juez imputó los delitos de lesiones calificadas y discriminación a los hermanos gemelos Luis Alberto y Francisco Rodolfo N.
Durante la audiencia del martes 26 de septiembre se vinculó a proceso a dos de los agresores y se dictó prisión preventiva justificada, por lo que esa misma noche fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) de Puebla, mejor conocido como el penal de San Miguel.
Ahí estarán internados por lo menos durante dos meses, periodo en el que se desarrolla la investigación complementaria del caso.
¿Cómo es el penal de San Miguel?
Antes, en Puebla los internos estaban recluidos en la penitenciaría ubicaba en Avenida Reforma, entre 13 y 15 Sur, en el edificio conocido como el de San Javier y en la cárcel de San Juan de Dios que estaba en la 18 Oriente y calle 5 de Mayo, por donde ahora está el santuario al Señor de las Maravillas.
Fue en la gestión del entonces gobernador de Puebla, Guillermo Jiménez Morales, cuando se construyó el Cereso en un predio de la colonia Lomas de San Miguel, de ahí el nombre.
Inició operaciones el 15 de marzo de 1984 y es una prisión estatal, ubicada en el kilómetro 2.5 de la carretera Camino al Batán, fácil de distinguir por sus muros grises cercados con mallas y púas, además de las letras blancas del nombre que destacan en piedras sobre la entrada.
Algunas publicaciones de medios locales refieren que cuenta con dos plantas, cada una con espacio para 24 dormitorios, un patio central, área de ingreso y recientemente construyeron un comedor, porque antes las Personas Privadas de la Libertad (PPL) comían en sus propios dormitorios.
Los PPL visten uniforme de color beige, playeras blancas y zapatos negros. Tiene una capacidad para atender a 2 mil 100 internos.
Sin embargo, datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refieren que hasta el año pasado se tenía una población de 8 mil 543 internos, de los cuales 358 son mujeres que permanecen en una zona separada.
En la gestión de Miguel Barbosa Huerta se detectó la existencia al interior del llamado Pueblito, un espacio donde los internos habían construido, a la vista de las autoridades, 104 cuartos amueblados con camas, sillones, refrigeradores, entre otras comodidades.
Estas habitaciones se rentaban por un costo de 2 mil 500 pesos, tenía dos gimnasios y dos quioscos, donde podían ingresar todo tipo de mercancía, desde cigarros, alcohol, comida y hasta trabajadoras sexuales.
Delincuentes de alta peligrosidad
A este sitio de reclusión han llegado delincuentes que han sido trasladados al dormitorio W, considerado como el espacio para líderes de la delincuencia organizada y capos de distintos cárteles detenidos en la entidad, como los miembros de Los Zetas y Sangre Nueva Zeta.
En este penal permaneció internado José Cristian N. alias El Grillo, un famoso delincuente que manejaba el narcomenudeo y el control en el mercado Morelos, donde se hallaron fosas clandestinas.
También estuvo recluido Federico López, alias El Fede, dirigente de la organización de ambulantes Fuerza 2000, acusado por homicidio en grado de tentativa.
Arturo Romero Aparicio, alias “El Cachibombo”, fue otro de los delincuentes recluidos por el delito de narcomenudeo, cobro de piso y sicariato, quien además se adueñó de distintos giros dentro del propio penal de San Miguel.
A esos peligrosos personajes se sumaron los siguientes, quienes en la gestión del extinto Miguel Barbosa Huerta fueron trasladados a penales de alta seguridad en Oaxaca, Estado de México y Durango, como Juan L., alias “El Moco”, presunto líder huachicolero vinculado a delitos de alto impacto como homicidio.
Así como Armando S., alias “El Sombrero”; René Ismael V., alias “La Rana”; Gustavo C., alias “El Tavo”, integrantes de la banda “Las Bigotonas”, vinculados a delitos de alto impacto.
“Los Toscano”, grupo formado por José Enrique T. y Ricardo T., por delitos contra la salud; José Alfredo Z., presunto líder de la banda “Los Zúñiga”, acusado de homicidio en grado de tentativa contra funcionarios públicos; José Luis T., alias “El Cuervo”, presunto narcomenudista y sicario al servicio de “Los Valencia”, y Fernando F., alias “La Zorra”, acusado de homicidios, fueron otros de los PPL del penal de San Miguel.
Caso Bebé Tadeo
En el penal de San Miguel de Puebla se han conocido casos de internos que se han suicidado, que han ingresado una y otra vez o denuncias de abusos cometidos por los custodios, así como casos de corrupción y cobro por hacer uso de los espacios.
Sin embargo, uno de los capítulos más vergonzosos e inhumano fue el caso del bebé Tadeo que ocurrió en enero de 2022.
Este hecho se conoció luego de que un interno del penal fue a los contenedores de basura a dejar desechos, cuando se percató de que en el interior de una bolsa estaba el cuerpo sin vida de un bebé de meses de nacido.
Las investigaciones arrojaron que el cuerpo del bebé había sido exhumado de un panteón en Iztapalapa, Ciudad de México, y con la complicidad de personal del penal de San Miguel fue ingresado.
El propósito de ingresar el cuerpo sin vida del bebé Tadeo no se precisó, pero de manera extraoficial se manejó la versión de que fue a solicitud de uno de los PPL y que sería ocupado para un ritual. Finalmente, el cuerpo del bebé fue entregado a sus padres para que lo sepultaran por segunda ocasión.
Penal de San Miguel entre los peores del país: CNDH
El mismo Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 señala que las cárceles en todo el estado de Puebla tienen una calificación de 5.02 puntos, de una escala donde 1 punto es el más bajo y 10 puntos lo más alto.
En lo que respecta al Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla, mejor conocido como el CRESO de San Miguel, su puntuación fue de 4.16 puntos.
Además del hacinamiento, se encontraron deficiencias en la separación entre hombres y mujeres, no hay materiales ni higiene en el área médica e inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.
También encontró deficiencias en la actividad deportiva y educativa, la alimentación, los programas para la prevención y atención de incidentes violentos, la atención a personas de la comunidad LGBTTTIQ+, personas adultas mayores, personas que viven con VIH o SIDA, con discapacidad, indígenas, mujeres y/o menores que vivan con ellas.
