El combate y castigo a los actos de corrupción, generalmente ligados a servidores públicos, ha estado desde hace décadas en el foco de atención de la sociedad.
Ese plano, ligado para no pocos ciudadanos al ejercicio indebido y la no aplicación de los recursos públicos, pareciera estar alejado de la esfera ciudadana.
La información que da cuenta de las actividades que en ese rubro llevan a cabo instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sus similares en cada estado, así como la Secretaría de la Función Pública (SFP), y las dependencias que operan en el plano estatal, es del dominio público.
Sin embargo, los ciudadanos tienen a su alcance la posibilidad de promover denuncias por actos de corrupción y cohecho.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla cuenta con el Sistema de Denuncia en Línea.
El proceso contempla cuatro pasos: Registro de datos personales, señalamiento del lugar de los hechos, descripción del hecho que se denuncia, y agendar una cita.
Entre los delitos por los que se puede iniciar la presentación de una denuncia en línea se encuentran: cohecho, enriquecimiento ilícito y peculado.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción forma parte de la estructura de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ante la que es posible presentar denuncias o querellas.
Cuenta con un mecanismo para recibir denuncias en contra de las personas servidoras públicas estatales por hechos que resulten en posibles faltas administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.
Este puede ser de manera presencial, telefónica, mediante la plataforma Prointegridad o correo electrónico.
Durante la gestión del gobernador Miguel Barbosa Huerta se difundió la posibilidad de presentar denuncias por actos de corrupción mediante el 800 466 37 86.
En el plano general, en Puebla opera el Sistema Estatal Anticorrupción, que se traduce en un esfuerzo de coordinación entre las instituciones relacionadas con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
En concreto, la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura, el Instituto de Transparencia (INAI), Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (TJAEP).