El gobierno de Puebla sostuvo que el esclarecimiento y financiamiento de responsabilidades por la defraudación a la fundación Mary Street Jenkins es un tema de legalidad, y que hay pruebas de ello.
A través de un breve comunicado, reiteró lo dicho por el gobernador Miguel Barbosa Huerta esta mañana, en el sentido de que la solución al conflicto en el interior de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) se alcanzará con la reincorporación del capital inmobiliario, accionario y líquido a las arcas de la fundación.
Subrayó que dicho capital se encuentra en paraísos fiscales como Panamá, y agregó que hay pruebas de todo esto y están siendo presentadas ante las autoridades correspondientes.
“Que la prevalencia del Estado de Derecho deba ser una regla permanente en Puebla, sin privilegios ni excepciones. Quienes hoy hablan a favor del abuso, son los mismos que lo aplaudieron cuando ocurrió”, refirió.