A casi mes y medio de iniciar el 2022, al menos mil 100 poblanos de diferentes municipios iniciaron procesos para ampararse contra el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) aprobado por el Congreso local en 144 leyes de ingresos.
Una de las organizaciones que está detrás de la presentación de estos recursos es El Barzón en Puebla, encabezada por el abogado Gerardo López Ramírez.
En entrevista, explicó que hasta el último corte tenían identificados juicios de ciudadanos de Cañada Morelos, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chietla, Coxcatlán, Honey, Izúcar de Matamoros, San Gabriel Chilac, Tehuacán, Tlacuilotepec, Xicotepec y Zacatlán.
Según las estimaciones del abogado, será esta semana cuando la justicia federal resuelva si se aceptan los juicios y a solicitud de quienes los promueven, se determinaría suspender el cobro en los municipios involucrados.
Agregó que los amparos van contra las leyes de ingresos aprobadas por el Congreso de Puebla y en caso de resolverse a favor de los ciudadanos, el efecto de invalidar el cobro podría beneficiar a la totalidad de los habitantes de los municipios involucrados.
"Estamos combatiendo la decisión del Congreso del estado de Puebla al votar y aprobar la ley de ingresos de 2022", dijo López Ramírez.
Si al final se logran los amparos y se invalidan las leyes, los ciudadanos podrían acceder a otros recursos legales para recuperar lo pagado en los municipios que ya hubiesen hecho algún cobro.
El dirigente recordó que como organización ya habían tenido una experiencia similar cuando presentaron más de 3 mil recursos promovidos en 2017 contra el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que afectó el costo de las gasolinas.
Sin embargo, se encontraron con dilaciones judiciales de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y con las posteriores reformas constitucionales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se invalidó el cobro y su queja ya no tuvo razón de existir.
Con el DAP, en cambio, se sienten confiados en una respuesta favorable de la justicia federal, pues los amparos se realizan a la par de acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Desde su perspectiva como abogado, López Ramírez considera que el amparo es una vía que debe acompañar la protesta social en casos como el del cobro por alumbrado público, pues es un derecho ciudadano y con eso se evitan conflictos sociales.
"Que no caigan en provocaciones como en Zinacatepec o Coyomeapan, hay un conflicto donde la gente está enojada, llega un provocador y pues caen hasta en cuestiones ilícitas", agregó.
Indicó que los juicios que se promueven no tienen costo y solo requieren documentación oficial.