Del primero de enero al 30 de junio del 2021, en la ciudad de Puebla, se han registrado 17 hechos de tránsito por ingesta de bebidas alcohólicas, reveló Salvador Díaz, jefe del departamento de peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla.
Señaló que 12 conductores fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero únicamente cinco llegaron ante un Juez Calificador.
En comparación con el mismo periodo del año pasado, hubo un incremento de dos accidentes automovilísticos más, los cuales, aunque no son muchos, Salvador Díaz dijo que representan la falta de conciencia de las personas.
“Al comparar este mismo periodo, pero con el año pasado, tuvimos un ligero incremento de dos hechos viales, toda vez que el año pasado hubo 15, de los cuales 13 se fueron a disposición de la Fiscalía General del Estado y dos al Juez Calificador”, apuntó.
El jefe del departamento de peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla reveló que el norte fue la zona donde ocurrieron el mayor número de incidentes.
“Vendrían siendo las colonias, como La Rivera Anaya, Amalucan, la misma zona de Clavijero, sobre la avenida 18 de Noviembre, la misma Calzada Zaragoza, Bosques de Manzanilla. Son zonas que desafortunadamente la ciudadanía toma mayores bebidas y pues al trasladarse, yo creo que de una a otra casa de un familiar, es cuando se suscitan la mayor parte de hechos de tránsito”, detalló.
El mando aseguró que la mayoría de los infractores rebasaban los 30 años de edad, debido a que los jóvenes menores de 20 no figuran este año en la estadística.
En cuestión de las sanciones, explicó que al departamento de peritos únicamente le corresponde poner a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) a los responsables, en caso de que no lleguen a un acuerdo con la parte afectada.
“Si hay una persona que vaya bajo los influjos de bebidas alcohólicas, es asegurada, se le leen sus derechos, se le explica a la parte afectada el procedimiento a seguir ante la Fiscalía General del Estado" explicó.
“Si el vehículo responsable o la persona que va bajo el influjo del alcohol tiene seguro y llega a cubrir los daños a la parte afectada o la víctima, está en su derecho de aceptar el acuerdo. Si no acepta el acuerdo la parte afectada, ambos vehículos y el conductor son puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado”, abundó Salvador Díaz.
Actualmente, la SSC de Puebla no realiza los dispositivos alcoholímetros en zonas de restaurantes o bares para evitar contagios de los uniformados y de los automovilistas por el Covid-19.
Sin embargo, Salvador Díaz solicitó a la ciudadanía ser conscientes en la ingesta del alcohol a la hora de conducir.
“Es importante que si vas a consumir una bebida, no manejes ningún vehículo. En caso de ingerir alguna bebida, apóyate por algún familiar que vaya por ustedes al punto donde estuviste conviviendo o tomar algún medio de transporte por plataforma”, concluyó.
Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa propuso el endurecimiento de castigos para los automovilistas ebrios que ocasionen un accidente, lo que aumentaría la pena de tres hasta ocho años de cárcel sin derecho a fianza.
Sin embargo, Francisco Valverde, especialista en movilidad de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Puebla, consideró que esa no es la solución para evitar los accidentes, debido a que antes de la sanción, la autoridad debe pensar en la educación vial.
“Están comenzando al revés, enseñemos a la gente cómo debe conducir un vehículo en la calle, cómo debe de comportarse un peatón en el espacio público, qué tiene que hacer un conductor del transporte público para llevar a sus pasajeros a buen término. Nos vamos a tardar mucho, pero vale la pena”, apuntó.
Aseguró que se pueden establecer métodos entre sociedad y autoridades para evitar este tipo de accidentes que le han costado la vida a miles de personas tanto en Puebla, como en el país.
“Debe ser una campaña donde instruyamos cómo utilizar el espacio público, conductores, peatones y transporte", enfatizó Francisco Valverde, quien dijo que este es trabajo de las autoridades en conjunto con las escuelas.