Integrantes de la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes anunciaron que decretaron la reapropiación del territorio que ocupa la empresa Bonafont, ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla.
En conferencia de prensa, desde el plantón permanente que tienen instalado desde hace más de cuatro meses, dijeron que todos los bienes de la empresa serán utilizados para la denominada Casa de los Pueblos, espacio para la reconstrucción integral de sus comunidades.
Sostuvieron que los Pueblos Unidos respetan la ley de las comunidades, son guardianes de la madre tierra y toda empresa que quiera contaminar y lucrar recibirá el castigo.
“El gobierno comenta que hemos saqueado, pero no hemos sacado ni un clavo de esa empresa, todo lo que ellos dejaron ahí está, entramos a cancelar el pozo”, puntualizó uno de los integrantes que Pueblos Unidos, quienes no se identifican y mantienen los rostros cubiertos.
Reiteró que nada se ha vandalizado ni se ha extraído de la empresa, "solo que Bonafont llora por el gran tesoro que le clausuramos, el pozo de agua”.
Otro de los inconformes dijo que las afectaciones que ha ocasionado la empresa Bonafont a la región cholulteca son muchas, comenzando por la escasez de agua en la zona.
Con documento en mano, mostró 6 mil firmas que representan a igual número de familias, y aseguró que fueron despojadas desde hace 29 años cuando inició el trabajo de esta empresa, antes con el nombre de Arcoíris y hoy Bonafont.
“Nos señalan por dejar a 600 personas desempleadas, pero no se preguntan por las 6 mil familias afectadas por no tener agua, tampoco se preguntan por el daño que están haciendo a las futuras generaciones”, expresó.
“Barbosa no te confundas, tú sabes de los verdaderos saqueadores de nuestros recursos naturales, de los contaminantes, de los verdaderos asesinos. No traiciones a tu pueblo por unos cuantos pesos, no seas cómplice y realmente haz justicia contra esas empresas que contaminan nuestros ríos, el pueblo solo levanta la voz por tantas injusticias”, señalaron.
A pesar de la propuesta hecha por la Universidad Iberoamericana de Puebla para fungir como mediador entre las comunidades y el gobierno del estado, los representantes de los Pueblos Unidos lo rechazaron "porque estuvimos abiertos al diálogo y no nos escucharon”, concluyeron.