“Las comunidades indígenas hemos tomado el control de las instalaciones de la empresa Bonafont y hoy lo declaramos como centro social de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca”, afirmó José Leovigildo Cinto Tepoale, presidente auxiliar de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla.
En entrevista con El Universal Puebla, subrayó que los pobladores de la zona están cansados de que los empresarios exploten sus recursos naturales con la protección de los tres niveles de gobierno.
En el caso de Santa María Zacatepec reiteraron que el agua es de los pueblos y por eso clausuraron de manera simbólica la planta de la empresa Bonafont, misma que ayer irrumpieron y hoy la denominan la Casa de los Pueblos.
Indicó que ante las declaraciones emitidas, tanto por la empresa como por el gobierno del estado, respecto a que habrá denuncias y se ejercerá la acción de la justicia, dijo que las más de 20 comunidades que integran Pueblos Unidos, se han organizado para responder.
“A final de cuentas los estudios que den a conocer sobre el origen del socavón, el Atlas de Riesgo, el reporte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), o del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), es información hechiza, porque todo lo que hace (el gobierno) es con la intención de despojar a los pueblos de su territorio, para industrializar a toda la región de Juan C. Bonilla, Coronango, Calpan y Cuautlalcingo, donde hay mucha agua”, insistió.
El también integrante de Pueblos Unidos dijo que los datos que ellos tienen y que están sustentados por geólogos certificados es que la sobreexplotación fue la causa del socavón en Santa María Zacatepec, más la contaminación que generan las empresas instaladas alrededor de la zona.
Todo habitante de Zacatepec cuenta con un pozo artesanal, y a decir de Cinto Tepoale, a casi cinco meses de que cerraron Bonafont los niveles de agua en los pozos crecieron, incluso una bomba de agua que abastecía a cerca de 300 personas ya no funcionaba por falta de agua y hoy nuevamente está llena.
La empresa Bonafont emitió un comunicado en el que demandó la aplicación de la ley por parte del gobierno del estado en contra de quienes irrumpieron sus instalaciones, pero a decir del integrante de Pueblos Unidos si el gobernador quiere ejercer la justicia debe comenzar por aplicarla en los empresarios.
En ese sentido, dijo que Bonafont recibía ganancias por 4 millones de pesos diarios por la explotación de los mantos acuíferos de Juan C. Bonilla a costa de perjudicar a la población y privarla del agua.
Además, en la manifestación que hicieron trabajadores de la planta, el pasado jueves frente a Casa Aguayo, dijo que no fueron trabajadores de la empresa, sino gente de San Miguel Canoa a quienes les dieron uniformes de la marca y de 500 a mil pesos por manifestarse.
“Sería una vergüenza que el gobierno procediera en contra de los pueblos. Asumimos nuestra responsabilidad siempre y cuando el gobierno comience por aplicar la ley en contra de la empresa y el saqueo que hizo del agua durante 29 años”, insistió.
Recordó que durante la asamblea pública que celebraron la tarde del domingo, los representantes de las 20 comunidades “enjuiciaron” y condenaron como culpables a los representantes de Bonafont, Conagua, Semarnat, gobierno estatal y federal, por haber robado todos los recursos naturales de Juan C. Bonilla.
Tras el juicio, decidieron tomar las instalaciones de la planta Bonafont y permanecen 100 personas en el turno de la noche y 100 en el turno del día vigilando y bloqueando a la empresa que hoy declaran la Casa de los Pueblos.
Señaló que ante cualquier posible represión por parte de la policía estatal, de la Guardia Nacional, granaderos o de los mismos empresarios de Bonafont en contra de la gente, se han organizado para responder.
Detalló que cuentan con el apoyo de toda la región cholulteca, ejidatarios, comuneros, productores campesinos e iglesias, y todos están monitoreando y preparados para tocar campanas, juntar a la gente y entrar en defensa del agua.
“Ahí vamos a estar de tiempo permanente, de por vida. La empresa ya fue decomisada y ya es la Casa de los Pueblos y no se la vamos a dejar al gobierno tan fácilmente”, insistió tras argumentar que tienen pruebas que siempre estuvieron abiertos al diálogo pero no hubo respuesta por parte de las autoridades federales y estatales.
