En Puebla, la creación de archivos genéticos de criminales se quedó en proyecto.
En el 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos planteó una base de datos de este tipo.
El objetivo era impulsar a las autoridades mexicanas a utilizar el ADN de los delincuentes para combatir el crimen y en especial la trata de personas.
El país del norte iba a financiar el archivo genético con 8 millones de dólares porque podría frenar la delincuencia transnacional.
El proyecto incluía al estado de Puebla, pero también a Chihuahua, Chiapas, Guanajuato y Yucatán que, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), tomarían pruebas de ADN a los criminales y en las escenas del crimen para alimentar el expediente genético.
Sin embargo, el proyecto no tuvo continuidad, como ocurrió con el planteado de la misma forma durante el sexenio de Felipe Calderón.
Actualmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla sí usa las pruebas genéticas, pero únicamente para la identificación de personas fallecidas.
En caso de que el cuerpo esté irreconocible al momento de su hallazgo o de algún accidente, el organismo aplica dicho procedimiento con los deudos o quienes lo reclamen.
La FGE realiza la confrontación de perfiles mediante el software DigiMed ADN.
Dicho programa administra todo el flujo de la muestra desde la recepción, identificación, almacenaje, procesamiento, ingreso de perfil a la base de datos, además búsquedas y resultados.
De acuerdo con el organismo, hasta el momento no tiene planteado crear una base de datos de criminales por su cuenta debido a que la infraestructura es bastante compleja y costosa.
