El gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó a la prudencia y al diálogo entre los diversos actores involucrados en el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Dijo que ayer se acreditó el contenido de una diligencia de una juez de control en la que se determina que no hay ningún obstáculo para que se ocupe el campus de San Andrés Cholula con fines académicos.
“La Fundación Mary Street Jenkins es la propietaria de la UDLAP y la fundación fue saqueada. Hay una especie de referencia que impedía que ocuparan los espacios públicos de la universidad y no era así”, dijo.
Barbosa Huerta insistió en que cuando la oposición no tiene estrategia recurre al oportunismo político, es por ello que “quieren sacar raja política... pero será la sociedad quien los juzgue”.
Añadió que el tema de la universidad no es de partidos políticos, pero que el problema empezó hace 10 años con los gobiernos panistas.
También expresó su apoyo y solidaridad a la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, por los ataques en su contra en las redes sociales.
En ese sentido también hizo un exhorto a que no haya una divulgación de groserías y ofensas entre mujeres y diputadas.
Ayer martes 1 de febrero, se avivó el conflicto en la UDLAP luego de la comparecencia del secretario de Educación Pública del estado, Melitón Lozano, en el Congreso de Puebla, donde la diputada Nora Merino retó a los legisladores del PAN a verificar que el campus realmente estuviera cerrado.
Tras acudir al campus y constatar que las puertas estaban cerradas, el Poder Judicial del Estado dio a conocer una resolución de la juez Magally Escamilla en la que se ordena la reapertura de la UDLAP al no haber impedimentos para retomar las actividades académicas.
Sin embargo, la rectora interina Cecilia Anaya Berríos y estudiantes manifestaron que no ingresarán a las instalaciones hasta que un juez realice la entrega formal del plantel.