El gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que de manera personal está en desacuerdo en que se pretendan cancelar las corridas de toros y las peleas de gallos, pues consideró que es destinarlos a la extinción.

Lo anterior a raíz de que se presentó, por tercera ocasión, una iniciativa de ley en el Congreso de Puebla, para prohibir este tipo de actividades taurinas.

Al respecto, el mandatario local explicó que los toros de lidia y los gallos de pelea son criados para ese fin, es decir, su destino es morir y durante el festejo se les “engalana, homenajea”.

Explicó que la fiesta brava es una herencia española que en México se volvió cultural y consiste en un encuentro entre la bestia y el hombre.

Indicó que cuando el toro brinda grandes faenas se le indulta y si muere, es una forma de homenajearlo.

Reconoció que cada vez hay menos afición a la fiesta brava, pero que en torno a ella existe una gran actividad económica en la crianza de los toros.

“Entonces, cancelar la fiesta brava es destinar a esos toros de lidia y esa raza tan mágica, impresionante, a la extinción. Para qué van a destinar a los toros, a que se extingan matándolos para carne”, comentó.

En cuanto a la pelea de gallos, declaró que es lo mismo, destinarlos a la extinción.

“Esa hermosura de raza que son los gallos de pelea, solo se entiende esa gran fuerza cuando pelea”, comentó.

Respecto a las opiniones de que ese tipo de actividad afecta el medio ambiente y el cuidado de los animales, consideró que se debe debatir.

Barbosa Huerta, indicó que, como gobernador, su postura es que se debe abrir el debate y que el Congreso del estado decida.

“Todos los legisladores tienen derecho a presentar sus iniciativas, si la Corte en algún momento se pronuncia y las prohíbe, espero que no lo haga, pero si lo hace, hay que cumplir", declaró.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Leal Rodríguez presentó la iniciativa que propone reformar el Código Penal en el artículo 470, para que las corridas de toros y peleas de gallos se castiguen con seis meses a cuatro años de prisión y una multa que vaya de 50 a 300 UMAS, es decir, de 4 mil 811 hasta 28 mil 866 pesos.

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