El caso de la diputada suplente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sandra Neli Cadena, quien fue detenida en posesión de explosivos y armas en Tecamachalco, no es el primero que involucra a políticos poblanos.
Tan sólo en 2021, otros dos alcaldes han sido aprehendidos, entre otras causas, por no justificar la portación de armas de fuego.
El 27 de agosto, Servando Arizpe Campos, presidente municipal de Tzicatlacoyan fue detenido con un arma de fuego y sin licencia para ello, mientras circulaba en calles de la capital.
El político, de 38 años de edad, fue detenido en un retén de la policía municipal en la colonia Chapultepec, cuando circulaba en una camioneta negra Jeep Grand Cherokee, con cristales polarizados.
Mientras que el 12 de septiembre se confirmó la detención de Ángel López Cabrera, alcalde de Honey, con armas exclusivas del Ejército y más de un millón de pesos, dinero que supuestamente había recibido para apoyar a los damnificados del huracán Grace.
El servidor público fue asegurado cuando viajaba en los límites con Hidalgo, cuando se dirigía a Pachuca.
Sin embargo, el historial de políticos armados se remonta desde el 2018, cuando dos casos alertaron sobre sus posibles vínculos con el robo de combustible.
El primero ocurrió el 14 de junio de ese año, cuando fue detenido Filomeno Cruz Gutiérrez, entonces alcalde de San Salvador Huixcolotla, quien portaba tres armas de fuego de diferentes calibres.
Al parecer, el ex funcionario estaba ligado al homicidio de tres policías de Huehuetlán El Grande y viajaba en un vehículo en compañía de siete sujetos que también llevaban armas de alto poder.
En tanto que, el 7 de agosto de 2018, Ilse Lucía B. esposa del entonces edil de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila, fue detenida tras un cateo en su casa, donde hallaron seis armas y cartuchos, 50 mil litros de combustible, así como vehículos de lujo y de carga.
Tres días después, quien presidía también el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), fue liberada con una fianza de 20 mil pesos y la promesa de firmas periódicas.
El seguimiento judicial contra los Valencia Ávila continuó en los siguientes meses e incluso el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta planteó el inicio de investigaciones.
En mayo de 2020 la policía cateó domicilios de familiares cercanos al exalcalde, quien acusó una persecución política en su contra por haber apoyado a la oposición en el 2018.
