El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Puebla, Manuel Villarruel, informó que analizarán si las afectaciones hechas a los túneles de los Lavaderos de Almoloya ameritan proceder penalmente contra quienes tenían el sitio bajo su resguardo.
Dijo que se estudia la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, y una vez que se reúna toda la información se tomará una decisión al respecto.
“La ley nos faculta para determinar si existe algún daño que merezca una sanción, pero independientemente de eso, aquí la parte importante es que las autoridades, estatales y municipales, podrán determinar también si hubo algunas otras alteraciones a la propiedad gubernamental”, dijo.
Explicó que ya efectuaron un dictamen del estado de conservación que tiene el inmueble y se le entregó al gobierno estatal.
“Aplaudimos este ejercicio en el cual mediante un análisis jurídico se determinen cuáles son los espacios de propiedad pública y pueden ser devueltos a la sociedad”, declaró.
Villarruel expuso que el INAH se ha sumado a todos esos procesos de recuperación y ha ofrecido el apoyo y la asesoría de especialistas para determinar cuáles monumentos históricos son susceptibles de proteger, reparar e intervenir.
En junio pasado, el gobierno del estado dio a conocer que los abusos de los particulares provocaron daños en Los Lavaderos de Almoloya, motivo por el que se harán las reparaciones respectivas luego de reportarse un espacio deteriorado.
“El cierre de los Lavaderos de Almoloya en Puebla capital derivó de afectaciones en los túneles de este sitio histórico y que fueron provocadas por particulares”, comunicó.
Según las autoridades, quienes tenían en sus manos la zona histórica construyeron el túnel debajo de los Lavaderos, instalaron luz eléctrica en el piso y colocaron una capilla para realizar bodas civiles, en lo que antes era una cisterna donde se debería desahogar toda la carga de agua.