La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Sin embargo, de acuerdo con Elsa Herrera Bautista, que formó parte del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla, las niñas, niños y adolescentes en Puebla se desarrollan entre la violencia y la pobreza.
Su trabajo de investigación refiere que, con datos publicados en 2020 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el estado de Puebla, el 65.6 por ciento de la población menor de 18 años se encuentra en situación de pobreza.
Ese porcentaje equivale a un millón 425 mil 700 niños, niñas y adolescentes que no cuentan con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y enfrentan alguna de las carencias sociales.
Lo anterior conlleva que los infantes padezcan rezago educativo, carencia de los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, así como escasos servicios básicos y acceso a la alimentación.
Además, datos arrojados por la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), refieren que en el municipio de Puebla el 8.5 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años indicó haber tenido experiencia en entornos delictivos, en tanto que el 31.8 por ciento reveló contar con amistades que han participado en actividades delictivas.
“Esta información da cuenta de que hay una fuerte necesidad de trabajar para construir entornos más seguros para los y las adolescentes y aunque la encuesta no abarca a niños y niñas menores de 12 años, es evidente que los riesgos para ellos en este campo no están ausentes”, señaló Herrera en su estudio.
En ese mismo sentido, la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos, de la cual forma parte la Universidad Iberoamericana de Puebla, destaca que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Gobernación deben desarrollar una política pública integral y permanente para prevenir y erradicar todas las formas de violencia ejercidas en contra de niñas, niños y adolescentes.
También sugiere que la Secretaría de Educación Pública realice un diagnóstico sobre la niñez indígena en el estado, que ubique sus necesidades y condiciones socioeconómicas y culturales y a partir del cual se diseñen, aseguren recursos e implementen proyectos educativos interculturales para garantizar su acceso y permanencia en los distintos niveles educativos.
A la Secretaría de Salud destaca la necesidad de que fortalezca los programas de educación sexual y reproductiva y aseguren la atención especializada de niñas y adolescentes embarazadas, brindándoles apoyo psicológico para enfrentar la situación tanto a ellas como a sus cuidadoras.
Recomienda que se garantice el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso en los Sistemas Estatal y Municipales DIF, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad Pública, para que capaciten a madres y padres de familia sobre la prevención de la criminalidad de adolescentes en las escuelas de todos los niveles.