Desde la Universidad de las Américas se presentó el “Observatorio de Justicia Abierta 2022. El INAI en la jurisdicción constitucional”, un documento que permite conocer los criterios que ha adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver los asuntos que han llegado a ellos.
Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mencionó que lo enriquecedor de este Observatorio es que permite analizar los criterios que ha adoptado la Corte en temas sustantivos vinculados, tanto a la protección de datos personales como al acceso a la información.
En entrevista con El Universal Puebla señaló que lo que ocurrió fue que investigadores de la Universidad de las Américas (UDLAP) analizaron, tomando una muestra de 360 resoluciones, donde se destacan temas de juicio de amparo directos, amparos indirectos, amparos en revisión, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, recursos de revisión en materia de seguridad nacional que ha resuelto la Corte y que tienen que ver con temas vinculados al INAI.
Abundó que analizar lo anterior permite conocer los criterios que ha adoptado la Corte para resolver los asuntos que han llegado a ellos.
“Lo que hicimos con este observatorio fue pedirle a los investigadores que analizaran el sentido en que ha resuelto la Corte, que es público y conocido por todos, para advertir cómo ha sido la forma que ha determinado la Corte resolverlo, es decir, que las sentencias que ha emitido cómo se han ido perfilando, sus alcances y sus límites que tutela el INAI”, acotó.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra recordó que el INAI ha realizado Observatorios, tanto de parlamento abierto como de justicia abierta, y en ese sentido lo que han advertido los comisionados es que hay una tendencia a que los temas de máxima publicidad ocupen hoy las agendas prioritarias, tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial.
Sin embargo, en años anteriores, el INAI concluyó que se requiere de reforzar la participación ciudadana en los procesos, por ejemplo, a través de la figura del “amicus curiae”. Cuando hay en el Poder Judicial asuntos que están en estudio y van a ser resueltos por la propia Corte, intervienen muchas veces barras de abogados, colegios de profesionistas, organismos de la sociedad civil para contribuir al estudio y al análisis de lo que va a resolver la Corte.
Para la edición 2022 se centraron en la labor de interpretación el Poder Judicial, por ello tomaron los académicos asuntos que ya resolvió la Corte, vinculados a temas de los derechos que tutela el INAI.
Participación Ciudadana va en aumento al hacer registrarse más solicitudes ante el INAI
En otro tema, Ibarra Cadena precisó que el derecho a la información ha tenido un impacto en el interés de las personas.
Añadió que quienes más solicitudes de información hacen, en el ámbito federal, son las personas en el ámbito académico. Del 2003 al 2023 se tiene un promedio de 465 mil solicitudes de acceso a la información.
Le siguen personas del sector empresarial con 250 mil 870 solicitudes; en tercer lugar los medios de comunicación, después otros grupos como organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, personas vinculadas al ámbito gubernamental, partidos políticos, sindicatos y amas de casa, entre otros.
Es creciente el interés de la gente el exigirle al gobierno apertura de la información. Hoy la sociedad quiere mayor rendición de cuentas, quiere que las autoridades les hablen con mayor claridad, que justifiquen sus actos y decisiones de gobierno y también quieren saber por qué deciden en cierto sentido y cuál es la ruta del dinero público.
“En más de dos décadas que existe el derecho a la información en este país, reconocido Constitucionalmente, el interés de la gente de involucrarse en los asuntos públicos, de participar, de exigir, incluso en adoptar una posición de participación en la adopción de políticas públicas, es creciente”, refirió.
Por otro lado, recordó que es una obligación de los gobiernos, conforme a la Ley General de Acceso a la Información Pública, la rendición de cuentas. Además, también tiene que ver con la forma en cómo se relacionan las autoridades con la gente, cómo se busca tener credibilidad, legitimidad, ganar confianza, lo cual se da en función de que las autoridades respondan a las inquietudes de la gente y se abran también a la crítica.
El cumplimiento de las obligaciones de transparencia se ha mantenido en niveles altos. El promedio general del índice de cumplimiento de los portales de transparencia, en la verificación 2023, es de 96 puntos de los 100 posibles.
En el caso de las solicitudes de información, que cuando no son respondidas adecuadamente se convierten en recursos de revisión y es cuando interviene el INAI, en ese sentido, los recursos de revisión también han aumentado, pero van de la mano con las solicitudes de información.
Tan solo de los casos resueltos del 2021 al 2022, contra lo que el INAI resolvió de octubre 2022 a 2023 hubo un incremento de 16 por ciento, lo que significa que también ha aumentado el número de recursos de inconformidad de la gente porque no se sienten debidamente atendidos en las solicitudes de información.
“Es importante que la gente conozca que existe un órgano que garantiza el derecho a saber, que sepa que no está sola, que el INAI los va a defender cuando el gobierno municipal, estatal y federal no les contesta, pero que también velamos por la protección de sus datos personales ante el tratamiento indebido, tanto en el sector público como en el privado. Para eso existe el INAI y los organismos garantes locales”, concluyó.
