Para el doctor en Derecho, Eder Vásquez Espinoza, el delito de despojo patrimonial en contra de las personas de la tercera edad es muy recurrente y cada vez más va a la alza, siendo los hijos quienes actúan contra los padres.
Sin embargo, se trata de una actitud silenciosa pues muchos adultos mayores se lo guardan, porque probablemente quien los violenta es la única persona que cuida de ellos, de manera que no hay estadísticas reales en la materia.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en entrevista con El Universal Puebla, explicó que el delito de despojo patrimonial no solo se comete en contra de los adultos mayores, sino en contra de cualquier persona que teniendo un bien pretendan despojarlo de su patrimonio.
Como bienes patrimoniales están los títulos parcelarios en materia agraria, títulos de propiedad o escritura pública.
“Son los hijos quienes al final piensan que la casa se les va a quedar o se creen dueños del terreno; esa idea errónea los motiva a sacar a los padres de su hogar, los dejan a la intemperie y a la buena de Dios, pero es muy recurrente este tipo de circunstancias”, mencionó.
Para protegerse, el especialista recomendó que la persona adulta mayor que haya sido sacado de su casa y justifique ser el dueño de la propiedad, se defienda por la vía penal y civil.
En materia penal debe acudir ante un agente del ministerio público y denunciar a los responsables, aunque se trate de los hijos, de la cuñada o de quien sea, por el delito de despojo patrimonial.
En materia civil, la persona afectada puede presentar una demanda por juicio reivindicatorio.
“El juicio reivindicatorio tiene la esencia de regresarle la posesión y la propiedad a la persona que fue sacada injustamente de su hogar. No es exclusivo de las personas adultas mayores, sino cualquier persona que tenga afectación a su patrimonio”, explicó.
El abogado señaló que los interesados recurren a la violencia física o verbal contra sus padres para beneficiarse, también por medio de engaños llevan a los adultos mayores a una notaría para que hagan las escrituras a favor de los hijos.
En ese caso, refirió que los notarios públicos tienen la facultad y obligación de verificar y corroborar la libertad de decisión del adulto mayor, comprobar que existe la voluntad de esta persona de donar o vender sus propiedades.
En ese sentido explicó que también existe el Juicio de Revocación de Donación por Ingratitud, el cual aplica cuando los padres que donaron su casa a sus hijos a cambio de que los cuiden, pero en lugar de eso los corrieron de la casa, entonces pueden emprender dicho juicio.
El Artículo 409 del Código Penal del Estado de Puebla -comentó- sanciona el delito de despojo patrimonial con prisión que va de 6 a 9 años de cárcel en contra de quien cometa dicho delito, ya sea el autor material o intelectual.
Además, Eder Vásquez mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tratados internacionales reconocen las garantías de las personas de la tercera edad, derechos de protección de dignidad humana.
Por ello, instituciones como los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y los ministerios públicos tienen la obligación de salvaguardar las garantías de las personas de la tercera edad, protección que está en la propia Constitución.
Recomendó a las personas de la tercera edad acudir a un defensor de oficio, al ministerio público, a instancias como el DIF estatal o municipal para solicitar que los protejan, ya que es obligación de las instituciones proteger a este sector de la población.
La UPAEP cuenta con el Bufete Jurídico Universitario donde apoyan a los adultos mayores en casos como los arriba mencionados, todo depende que las personas quieran denunciar.
En tanto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) dio a conocer que aquellos que cuentan con credencial de esta institución, reciben una serie de beneficios como descuentos en asesoría y servicios legales en despachos jurídicos de Puebla.
Puebla
Trejo y Asociados, calzada Zavaleta 3290, colonia Santa Cruz Buenavista que ofrece el 10 por ciento de descuento.
Macías y González Abogados, calle Ixcaquixtla 14 despacho 1 E, colonia La Paz, que ofrece el 20 y 30 por ciento de descuento.
Despacho Jurídico en calle 5 Sur 3510 interior 4, colonia Gabriel Pastor, que ofrece sus servicios sin costo alguno.
Corporativo Jurídico Flores & Asociados, calle 7 B Sur 4514 B, colonia Prados Agua Azul, ofrece el 35 por ciento de descuento.
Abogado Eduardo Flores Juárez, en Privada 7 B Sur 4514, colonia Prados Agua Azul, ofrece el 30 por ciento de descuento en sus servicios.
Cuautlancingo
Despacho jurídico Uribe y Asociado, Calle Uranga número 23 interior 1 Barrio El Calvario, ofrece el 25 por ciento de descuento.
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Despacho jurídico Corpus Luris, ubicado en San Francisco Ixtacamaxtitlán número 2, colonia Centro, que ofrece el 5 por ciento de descuento en sus servicios a personas de la tercera edad.