“La tierra es la madre de todas las garantías”, dice el empresario inmobiliario Miguel Álvarez del Castillo. En términos de inversión financiera, la conveniencia de invertir en real estate es que un inmueble jamás se devalúa, “y si lo hace, lo hace en muy poca proporción”, refuerza. Esta realidad hace que apostar por el “ladrillo” sea una alternativa de inversión muy conveniente en una coyuntura inflacionaria.
A un 92% de los mexicanos les urge encontrar un método de ahorro e inversión que le gane a la inflación. “Por lo general, en inversiones de real estate se obtienen plusvalías por encima del índice inflacionario”, explica Álvarez del Castillo, quien supo lidiar efectivamente con la coyuntura inmobiliaria de su país, en el que 3.1 millones de viviendas quedaron, desde el 2020, con problemas de pago.
Si bien invertir en la compra y venta de bienes inmuebles o construir casas o edificios para su posterior comercialización es el negocio inmobiliario por excelencia, Álvarez del Castillo agregó otra opción a la nómina tradicional, que es el remate judicial. “En un remate hipotecario se compra un bien inmueble por debajo del valor comercial y eso hace que el solo proceso de compra pueda generar una utilidad aproximada del 40%”, añade.
¿Cómo es el negocio?
El círculo del negocio que propone Álvarez del Castillo y su empresa CIMAC es sencillo de entender, pero requiere de varios pasos y de la intervención de distintos profesionales para su implementación. Para empezar, cualquier mexicano mayor de edad, e incluso cualquier extranjero que no resida en zona de playa ni a menos de 50 km de las fronteras, puede participar del mismo. También lo pueden hacer empresas o personas morales.
“La inversión mínima que estamos colocando para que una persona pueda invertir en un remate hipotecario (realizándolo en copropiedad con otras personas), es de 50 mil pesos mexicanos”, explica el empresario.
Asimismo, CIMAC dispone de todo lo necesario para resolver los negocios de sus clientes desde que desean comenzar a invertir hasta que finalmente obtienen su ganancia. “Lo primero que hacemos es informarlos, darles una clase para que sepan cuál es el formato de negocio y cómo funciona”, sostiene. “En segundo lugar, preparamos opciones de negocio para el inversionista, orientándolos en relación a la expectativa del rendimiento. Se las presentamos, eligen una y, una vez elegida, les ofrecemos hacer la revisión de la documentación de origen del remate”, agrega.
A partir de allí comienza una etapa jurídica que está supervisada por un staff de 22 abogados especializados en derecho inmobiliario que trabajan de manera exclusiva para CIMAC y algunas notarías que trabajan de manera independiente.
El aspecto contractual
Lo que se hace es firmar dos contratos con el cliente inversionista. Uno es por la cesión de los derechos del inmueble que está en remate y se pretende comprar, mientras que el otro contrato establece la prestación de servicios profesionales en términos jurídicos para obtener la posesión del inmueble.
“Una vez que se firma la cesión de derechos notariada, se inscribe en el juzgado donde corre la causa del remate. Con ello, se le da aviso al juez de que ahora la persona inversionista es el nuevo tenedor de los derechos de ese inmueble, es decir, que es el nuevo dueño”, argumenta.
De allí comienzan una serie de procesos judiciales y de inscripción hasta que, finalmente, el inmueble queda en condiciones de ser vendido o rentado por su nuevo dueño. “Una vez que termina el proceso, les entregamos la posesión del inmueble, les recomendamos a un equipo de personas en caso de que sea necesario hacer reparaciones o arreglos de pintura, y desde CIMAC incluso podemos encargarnos de revender el inmueble”, sostiene Álvarez del Castillo.
A partir de allí, una vez conseguido un nuevo comprador, se realiza una compraventa tradicional con la cual el inversionista recupera su inversión inicial y obtiene una ganancia de entre el 30 y 40%.
Por ejemplo, una casa de interés social en situación de remate hipotecario tiene un costo de aproximadamente 500.000 pesos mexicanos. Cuando Álvarez del Castillo y su empresa le ofrecen a sus clientes levantar esta hipoteca, el inversionista deberá pagar el valor del remate junto con los gastos judiciales y notariales, integrando una suma total de unos 600 mil pesos mexicanos -donde están contemplados los 500 mil mencionados anteriormente-.