El ámbito electoral no es ajeno a la eventual comisión de ilícitos, que generalmente se atribuyen a personajes identificados como “”, y los lugares donde operan son denominados “mapacheras”.

En general, el término aplica a aquellas personas que obstaculizan o interfieren con el desarrollo de las votaciones a través de distintas acciones, con el fin de influir en su desarrollo y eventual resultado.

Algunas de las acciones que se les atribuyen primordialmente son la compra del voto, ya sea en efectivo o especie, así como la presión a personas para orientar el sentido de su voto.

Es importante tener claro que se consideran como delito electoral las siguientes acciones, organizadas o coordinadas por personas, a las que se denomina coloquialmente como

  • Recoger credenciales para votar.
  • Intentar votar con una credencial ajena.
  • Solicitar evidencia del sentido del voto.
  • Condicionar trámites, servicios públicos o beneficios de programas sociales a cambio del voto.
  • Intimidar a los electores.
  • Organizar el acarreo de votantes para influir en el sentido del voto.
  • Impedir la instalación de una casilla.
  • Introducir boletas falsas en la urna.
  • Utilizar recursos o servicios públicos en apoyo a un partido político.
  • Utilizar recursos o instalaciones públicas con fines político-electorales.
  • Amenazar a personas subordinadas.
  • Solicitar aportaciones económicas o en especie para apoyar a algún candidato.

En el plano federal, esos delitos electorales se pueden denunciar a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL); vía telefónica comunicándose a FISETEL (800 8 33 7233) o en su portal de denuncias. En Puebla opera la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales.

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