El pasado 2 de junio se llevó a cabo la jornada electoral, pero para el proceso 2023-2024 se implementaron algunas alternativas de votación como lo fueron el voto en el extranjero, el voto anticipado y el voto de personas en prisión preventiva, ¿quién ganó en los votos enviados desde prisión preventiva?, aquí te lo detallamos.
Del mecanismo de Prisión Preventiva, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó llevarlo a cabo en los estados y distritos electorales federales del territorio nacional, en los que se ubique algún Centro Penitenciario que albergue personas en prisión preventiva, es decir, que no estén condenadas por algún tipo de sentencia.
Las personas internas votaron a través del voto anticipado, en el periodo del 6 al 20 de mayo del 2024 y de acuerdo con lo señalado por el INE, solo pudieron elegir para renovar la Presidencia y los cargos de elecciones locales en las entidades de Chiapas, Ciudad de México e Hidalgo.
Los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con un avance del 95 por ciento de actas capturadas, revelan que la mayoría de las personas en prisión preventiva votaron de la siguiente manera:
Para Hidalgo se sabe que votaron 760 personas en prisión preventiva, pero el PREP no mostró el desglose de los votos.
Sin embargo, a estos datos hay que sumar al estado de Puebla, según lo informó en abril pasado Daniel Iván Cruz Luna, secretario de Seguridad Pública estatal, quien confirmó que, por primera vez, reclusos de cárceles del estado de Puebla podrán participar en las elecciones presidenciales.
Precisó que, en coordinación con el personal del INE, un total de mil 726 personas en prisión preventiva podrían ejercer su derecho al voto, por lo que habrá que esperar el resultado de esta participación.
Información del INE refiere que el 1 de junio de 2018, dos personas recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, del municipio de Cintalapa, Chiapas, impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal, la omisión del INE de emitir los lineamientos que les permitieran ejercer su derecho a votar como personas que se encuentran recluidas sin haber sido condenadas a través de una sentencia.
El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal concluyó que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, porque se encuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia, en tal sentido le ordenó al INE llevar a cabo una prueba piloto en 2021, con miras a su implementación en el 2024, tal como ocurrió.