La orden de aprehensión contra el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis E. Derbez, y sus colaboradores cercanos, tiene un trasfondo político, afirmó Virgilio Rincón, abogado de la familia Jenkins, dueña de la casa de estudios.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el jurista, contra quien también pesa una orden de aprehensión, consideró que Derbez ha mantenido posturas políticas que lo han vuelto incómodo.
Derbez y sus colaboradores cercanos fueron señalados por la Fiscalía General de Justicia de Puebla, por supuestamente crear una serie de empresas, como la sociedad ULAP Jenkins Graduate School, para desviar más de 100 millones de pesos de las cuentas de la universidad. El dinero supuestamente terminó en Panamá.
Por este asunto, además de una investigación local, la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió la investigación federal que desde hace más de dos años la extinta PGR ordenó cerrar, con un acuerdo de no ejercicio de la acción penal.
Al respecto, Rincón afirmó que debido a los estrictos controles que tiene la universidad es prácticamente imposible un desvío de recursos.
“La Universidad de las Américas Puebla tiene un sistema de control administrativo muy sofisticado, muy serio, que pasa por muchos filtros, lo que hace prácticamente imposible el desvío de recursos”, señaló.
“El doctor Derbez ha pedido licencia para poder enfrentar estas acusaciones falsas y denostativas que tienen un trasfondo político”, agregó.
Comentó que las posturas de Derbez se han tornado incómodas para el gobierno del estado de Puebla, pues es esta administración la que abrió las carpetas de investigación y ordenó detener tanto al rector como a sus colaboradores.
“Diría que el gobierno del estado de Puebla, porque es el que abre estas carpetas de investigación y se obtienen estas órdenes de aprehensión, es donde yo vería que pudiera estar esta incomodidad, porque en la medida en que nosotros obtenemos resoluciones favorables, al día siguiente sacan órdenes de aprehensión”, indicó.
Recordó que hace años existió un conflicto con Guillermo Jenkins de Landa, quien presentó diversas demandas y denuncias contra la familia y que aunque el entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, apoyó al denunciante, los jueces federales desvirtuaron las acusaciones.
“En aquel momento ganábamos resoluciones y no salían con órdenes de aprehensión en contra de los abogados por ganar resoluciones, hoy es diferente”, señaló.
Derivado de este conflicto, la familia Jenkins fue investigada por la extinta PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero se determinó que las operaciones realizadas, tanto por las empresas como las personas físicas involucradas, fueron lícitas, razón por lo que el Ministerio Público Federal decretó el no ejercicio de la acción penal.