La primera experiencia educativa de una menor de preescolar en la comunidad de Jicolapan, en Zacatlán, se convirtió en una batalla legal de más de dos años para que su madre lograra que se sancionara el bullying que padeció la pequeña.
Su peregrinar por instituciones, el reconocimiento de la agresión y la respuesta de las autoridades quedaron documentadas en la recomendación 7106-2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), la cual se cumplió hasta el 2021.
Las dificultades para acceder a la justicia en Puebla cobran relevancia por el reciente fallecimiento de una adolescente en Teotihuacán, Estado de México, tras un pleito a golpes con una compañera cuyos antecedentes ignoraron las autoridades.
En el caso de Zacatlán, fue en agosto de 2018 cuando la madre de la menor se percató de que regresaba de la escuela con lesiones en las rodillas, que al principio el personal educativo atribuyó a los juegos entre niños.
En octubre de ese mismo año, las evidencias incluyeron también daños en el uniforme y mordidas primero en las manos y después en el rostro, sin que en la escuela la directora y maestra de grupo se hicieran responsables.
“… ha llegado con diversas lesiones ocasionadas por alguno de sus compañeros, además de la omisión por parte de las maestras SP1 y la directora SP2, ante quienes en diversas ocasiones les he pedido por favor pongan atención a mi hija para prevenir y erradicar el bullyng del que es victima(sic), sin tener éxito alguno en las distintas peticiones que realicé, llegando incluso a decirme que ellas no son responsables de lo que hagan los niños, que mi hija no es su responsabilidad y que le hiciera como quisiera…”, se relata en la queja.
Mostrar los daños ocasionados a la menor implicó investigaciones de la CDH y evidencias formales por parte del personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de Zacatlán.
La recomendación del organismo se hizo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por considerar que hubo violación al derecho humano a la educación, así como la omisión al Principio del Interés Superior de la Niñez.
En la recomendación se indicó que la dependencia debía brindar apoyo psicológico a la víctima, una disculpa por escrito, evidencia de sanciones internas, la aplicación de protocolos de prevención y la realización de foros de escuela para padres.
Según el documento, incluso la misma CDH encontró negativas y trabas al interior de la SEP para que informaran sobre las sanciones aplicadas que, al final, sólo derivaron en una mala nota en la hoja de servicio de la directora y la maestra de grupo.
El Club de la Pelea
Además de este caso en Zacatlán, la CDH dio seguimiento a otras dos carpetas que evidenciaron la violencia entre alumnos y las omisiones del personal educativo.
Estos casos derivaron en recomendaciones que se consideran como cumplidas por la SEP y donde la comisión actuó tras conocer los hechos en notas periodísticas publicadas a lo largo de 2019.
En uno de los casos se documentó un pleito entre tres alumnas de secundaria del Centro Escolar José Maria Morelos y Pavón en el que una de ellas resultó lesionada con un cutter.
El segundo caso ocurrió en el Bachillerato General Estatal Blas Chumacero Sánchez, ubicado al sur de la capital, donde alumnos organizaron por la noche una pelea de box sin conocimiento de las autoridades.
Algunas de las recomendaciones en ambos casos incluyeron lo mismo que en la denuncia del jardín de niños, aunque también se agregó la creación de brigadas para prevenir la violencia y el concientizar a los padres de menores involucrados.
Maestros violentos
Aunque no se trata de bullying, otros dos casos de violencia al interior de las escuelas dan cuenta de que entre 2018 y 2019 algunos profesores fueron los señalados como violentos.
Uno de los hechos ocurrió en la Escuela Telesecundaria Leonardo Bravo, de la junta auxiliar de Xiloxochilco, Cuetzalan, donde un profesor lesionó a un adolescente con un tarro como parte de un regaño por no realizar las actividades.
Mientras que en una escuela primaria del municipio de Chigmecatitlán se identificó que diferentes funcionarios ejercieron actos de violencia física y psicológica, amenazas y hasta acoso sexual contra siete menores.
En estos casos, además de emitir recomendaciones en materia de prevención de la violencia y apego a protocolos de convivencia escolar, la CDH también dio seguimiento a las sanciones administrativas.
