La Fundación Mary Street Jenkins presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables por diversos delitos federales cometidos en fechas recientes por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) del Estado de Puebla, ante la persistente negativa a cumplir diversos mandatos judiciales federales.
A través de un comunicado, la Fundación Mary Street Jenkins informó que la desobediencia reiterada a las suspensiones de amparo representa conductas ilícitas y distintos delitos federales, que han sido cometidas durante la incursión del pasado 29 de junio en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
En ese sentido, detalla delitos tales como allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos rendidos ante la autoridad judicial.
“Igualmente la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el gobierno del estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la universidad y evitar, a través de las amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones, lo que representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado; por lo que además constituye un despojo con tintes de expropiación de facto que amenaza la certidumbre de los poblanos”, destaca el escrito.
Recordó que el pasado 16 de julio la Fundación Mary Street Jenkins obtuvo una suspensión de amparo, otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede Puebla, para que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), su administración y cuentas bancarias sean devueltas de forma inmediata al único patronato legalmente constituido que preside Margarita Jenkins de Landa.
El mandamiento del Poder Judicial de la Federación tiene efectos amplios y demuestra con claridad una serie de violaciones a los derechos humanos, que el Juzgado Federal ha detectado a raíz de la intervención ilegal en el campus de Cholula, en la que participó la Policía Estatal armada, indicó el boletín.
Además, la JCIAP -que preside José Daniel Vázquez Millán- ha sido responsable de diversos atropellos, como imponer un patronato espurio que, a su vez, nombró de manera ilegítima a Armando Ríos Piter como presunto nuevo rector de la UDLAP, pasando por alto mandamientos judiciales y estatutos que rigen la vida académica de la Universidad, puntualizó
