El nuevo patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) reveló que personal de mantenimiento de las instalaciones ha hecho caso omiso de realizar trabajos de cuidados de las áreas deportivas, jardines y edificios.
En un comunicado, informó que se le ha dado instrucciones a dicho personal de realizar sus tareas, pero no ha acatado el llamado, “cayendo de esta forma en desacato a una orden directa en beneficio de la universidad y con ello engañando a la opinión pública que hay descuido del campus por parte de la actual administración”.
En el documento se explica que esas personas, por su cercanía con el anterior rector Luis Ernesto Derbez, han preferido mantener una actitud facciosa y resistirse a realizar las actividades para las cuales se les sigue pagando.
Además, la nueva administración insistió que no hay elementos de Seguridad Estatal al interior del campus, pero admitió que sí hay Policía Auxiliar y seguridad privada.
“Todo el personal que está al interior no está armado y su labor es de vigilancia con el fin de salvaguardar los bienes de esta”, afirmó.
De igual forma aseguró que se suman a todo lo que abone a un regreso a clases ordenado, por lo que avalan el aplazamiento para regresar a clases presenciales en el formato híbrido, debido a la pandemia del Covid-19.
De esta forma las licenciaturas y doctorados retornarán el 27 de septiembre; en tanto las maestrías el 14 de octubre.
A su vez, la actual administración de la UDLAP aseguró que ha sostenido de manera permanente acercamientos con el personal académico, administrativo y alumnos de distintas carreras, quienes han mostrado su inquietud y preocupación en cuanto a la situación legal que vive la institución, “dejando a todos con los que se ha reunido muy en claro que lo que se vive en los juzgados no tiene ni tendrá repercusión alguna en las aulas y en los lugares de trabajo”.
Ante el pronunciamiento por parte de intelectuales, artistas y diversas personalidades que pidieron legalidad, el nuevo patronato recordó que el conflicto UDLAP-Jenkins se originó por el desfalco de más de 750 millones de dólares que la familia Jenkins de Landa, Luis Ernesto Derbez Bautista y otras personas involucradas, cometieron contra la Fundación Mary Street Jenkins, incluyendo a esa casa de estudios, “ahora todos ellos prófugos de la justicia, por haberse librado en su contra órdenes de aprehensión por jueces federales y locales”.
