A un mes de la toma “autoritaria e ilegal” de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la Fundación Mary Street Jenkins reiteró su exhorto al gobierno de Puebla para que respete el Estado de Derecho.
En un comunicado, la fundación aseguró que de su parte hay disposición al diálogo; “sin embargo, la condición básica para concretarla es el respeto a la legalidad y al Estado de Derecho”.
La institución privada recordó que la Fundación Jenkins obtuvo, el pasado 16 de julio, una suspensión de amparo otorgada por el juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil con sede en Puebla, para que el campus de la UDLAP, su administración y cuentas bancarias sean devueltas al “único patronato legalmente constituido de esta institución privada que preside Margarita Jenkins de Landa”.
Lo anterior después de que el 29 de junio -justo hace un mes- fuerzas policiales del estado de Puebla fuertemente armados tomaron el campus de la UDLAP.
Eso, de acuerdo con la fundación Jenkins, sienta un precedente riesgoso para todas las instituciones privadas, que podrían ser intervenidas como ocurre en la institución, con violencia e ignorando suspensiones vigentes.
“Realizando en los hechos un atropello que intentan normalizar con el nombramiento ilegal de un rector espurio, desconociendo con solo las resoluciones que protegen a la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla y a los miembros de su patronato”, expuso.
Reiteró que la verdad legal y la razón asisten a la Fundación Jenkins, ya que los criterios otorgados desde el Poder Judicial de la Federación han sido favorables para la institución privada, que recalca el llamado a restablecer el Estado de Derecho entre la UDLAP y el gobierno de Puebla.
