El bullying escolar representa una problemática compleja que, en grado extremo, puede afectar la integridad física de los alumnos agredidos, una acción que, sumada a las disputas a golpes entre estudiantes, sin distinción de género, complica la convivencia de la comunidad estudiantil.
Una situación de la que el estado de Puebla no está exento y que, con el uso de las redes sociales, constantemente está en la mira de los poblanos.
La atención primaria depende de las autoridades del plantel, y en su caso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, pero puede llegar a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y en su caso a la Comisión de Derechos Humanos (CDH Puebla).
El 29 de junio de 2022, la SEP emitió los “Lineamientos para la Prevención, Detección, Atención y Sanción a casos de Maltrato Escolar en las Escuelas de Educación Básica y Media Superior Públicas y Privadas del Estado de Puebla”.
Los cuales establecen en el artículo tercero que es obligación del personal adscrito a las escuelas y de toda persona que tenga conocimiento de casos de niños, adolescentes y personas adultas que sufran o hayan sufrido maltrato escolar, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades correspondientes.
Aunque se establece que las primeras autoridades en tomar conocimiento deben ser los directivos del plantel.
El artículo décimo tercero señala que: “no se podrá implementar ningún mecanismo de mediación con el presunto agresor o la presunta agresora, sin importar quién sea, ni la posibilidad de llegar a soluciones alternas a un proceso judicial y/o administrativo”.
Independientemente de los lineamientos, el personal de la SEP debe orientar a los padres de familia o tutores para que acudan a la FGE a denunciar hechos de discriminación, maltrato, violencia, acoso y hostigamiento sexual contra sus hijos.
Por otra parte, el artículo 140 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dispone que la CNDH y todos los organismos, como la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, en el ámbito de sus competencias, deben establecer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de niños y adolescentes.
Lo cual fundamenta la creación de la Unidad Especializada para la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, hay que considerar que el tema, aunque parezca novedoso, no lo demuestra el hecho de que el 28 de julio de 2017, la entonces titular de la SEP, Patricia Vázquez de Mercado Herrera, emitió los “Protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso y maltrato escolar en instituciones oficiales y particulares, dependientes o incorporadas a la Secretaría de Educación Pública del Estado”.
Los protocolos se pueden consultar en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258714/PROTOCOLOS_PUEBLA.pdf