Esta semana dos instituciones privadas de la entidad dieron de qué hablar por casos de bullying, pese a que desde hace más de una década la legislación los obliga a dar seguimiento a las denuncias.
Se trata del Instituto Oriente y del Colegio Benavente en donde se dieron a conocer, a través de redes sociales, hechos de golpizas entre alumnos y en el primer caso, la falta de respuesta de la institución.
En una revisión a la legislación y a las reformas que se han propuesto recientemente en el Congreso, se observa que desde 2011 y con modificaciones en el 2012 y 2021, se ha definido el actuar contra el bullying escolar en la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado.
La legislación obliga a los centros educativos de la entidad a prevenir el acoso y el hostigamiento, a contar con reglamentos y también con procedimientos claros para denunciar, investigar, documentar e informar a padres de familia sobre los hechos.
A la misma Secretaría de Educación Pública (SEP) le establece que en el mes de octubre de cada año debe rendir un informe sobre los casos que se hayan registrado en el estado.
Además de ya contar con una ley, el Congreso del estado ha impulsado en años recientes otras modificaciones para fortalecer el combate al bullying.
En 2018, por ejemplo, el exdiputado del Partido Acción Nacional (PAN) Salvador Escobedo Zoletto, logró que se determinara incluir a las tecnologías de la información como una plataforma para sensibilizar sobre este tema.
Un año después José Juan Espinosa Torres, quién legisló como independiente, hizo una propuesta para reformar el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla que prohibiera el registro de menores con nombres que pudieran generar acoso, aunque la reforma no se concretó.
Mientras que en la actual legislatura, a inicios de 2022 se presentaron dos propuestas que también se encuentran en el análisis de las comisiones.
La diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Xel Hernández García planteó una reforma para establecer protocolos escolares que permitan la detección de los casos.
En tanto que Mónica Rodríguez Della Vecchia del PAN propuso que se sancione a los maestros que incumplan con denunciar los hechos.