La Fundación Mary Street Jenkins presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables por diversos delitos federales cometidos por parte de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) del estado de Puebla debido al incumplimiento de mandatos judiciales.
En un comunicado, la Fundación Mary Street Jenkins informó que la desobediencia reiterada a las suspensiones de amparo constituye una serie de delitos, los cuales se cometieron desde el operativo del pasado 29 de junio en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Detalló que los delitos son: allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos rendidos ante la autoridad judicial.
“Igualmente la fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas patrocinadas desde el gobierno del estado de Puebla, demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la universidad y evitar, a través de las amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones”, señaló.
Agregó que ello “constituye un despojo con tintes de expropiación de facto”.
El 16 de julio, la Fundación Mary Street Jenkins obtuvo un amparo, otorgado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede Puebla, para que el campus de la UDLAP, su administración y cuentas bancarias sean devueltas al patronato que preside Margarita Jenkins de Landa.
Gobierno no dicta órdenes de aprehensión, responde Barbosa
En respuesta a esos señalamientos, Miguel Barbosa Huerta señaló que el gobierno no dicta órdenes de aprehensión, sino los jueces.
“Son los jueces, no es el gobierno”, aclaró el gobernador de Puebla en su conferencia.
Sentenció que los jueces dictan esos mandatos jurídicos “cuando hay pruebas”.
Pago de salarios, en riesgo
Por su parte, la rectoría de la UDLAP a cargo de Armando Ríos Piter, advirtió que está imposibilitada de pagar los salarios de los trabajadores de la institución para la próxima quincena debido al recurso legal que se ha promovido para oponerse a la conformación del nuevo patronato.
Señaló que esta situación ha ocasionado que las instituciones bancarias congelaran las cuentas bancarias, además de que la Dirección de Recursos Humanos no ha entregado la información necesaria y correcta para hacer la dispersión del pago de nómina.
Indicó que por ello no se pagó el sueldo del personal sindicalizado y que la quincena de los empleados de confianza prevista para la próxima semana tampoco podría realizarse.
Confió en que el problema se resuelva en la audiencia del próximo jueves o cuando los jueces regresen de vacaciones.
Al respecto, la Fundación UDLAP sentenció que la falta de pagos a trabajadores de la institución "es responsabilidad de las personas que ocupan ilegalmente" las instalaciones de la universidad, ya que no han respetado el debido proceso y la instrucción del juez.
La institución educativa aseguró que la administración proporcionó información con la debida anticipación para que se hiciera el pago de los vales de despensa, pensiones alimenticias y nómina de las semanas del 13 y 20 de julio, así como de la quincena comprendida del 1 al 15 de julio de 2021.
Sin embargo, evidenció que se tienen reportes de empleados que no han recibido sus vales de despensa y en algunos casos no percibieron su pago semanal y/o quincenal, debido a “la inexperiencia, desconocimiento y/o mala fe de los que se dicen el nuevo patronato”.
La Fundación UDLAP comunicó que en cuanto se activen las cuentas bancarias se realizarán los pagos de los 103 empleados sindicalizados que se tienen pendientes, de un total de 277, así como las demás obligaciones laborales que aún se adeuden.
