Si el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no promueve una controversia constitucional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil significará que termina la autonomía del regulador y su captura por parte del gobierno, advirtió Irene Levy, presidenta del Consejo de Observatel.
“En caso de que el IFT no interponga una controversia constitucional, estaremos presenciado el fin de la autonomía del instituto y la captura completa por el régimen actual de este organismo autónomo”, aseguró durante una conferencia de Berkeley Global Society.
Este lunes, el Consejo Consultivo del IFT recomendó al instituto que interponga una controversia constitucional contra el padrón pues obstaculiza la promoción del desarrollo eficiente del sector de radiodifusión y telecomunicaciones, garantizando los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
Michel Hernández, director de Observatel, comentó que solicitar los datos biométricos de los usuarios de telefonía móvil es una medida claramente restrictiva de derechos humanos.
“Si no hay análisis de justificación de proporcionalidad y de idoneidad, habla de que se trata por supuesto de una medida arbitraria que no repara en estos efectos, y que, además, puede generar lo contrario de lo que busca evitar”, indicó Hernández.
Con este registro no sólo se condiciona el acceso al servicio de telefonía celular, sino que se impone la peor sanción para quienes ya están conectados, que es la desconexión, si es que no pudieran entregar sus datos personales o biométricos, o si no quisieran, agregó.
Sin derechos
Begoña Cancino, abogada experta en propiedad intelectual y datos personales, explicó que esta ley no permite que los usuarios ejerzan sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición).
“Esta incertidumbre jurídica va a propiciar un desorden de no saber quién tiene los datos, quién es el responsable de los mismos”, detalló Cancino.
La abogada destacó que el primer contacto del usuario será el operador, quien sólo debe tenerlos para alimentar el padrón, que estará bajo la responsabilidad del IFT.
“Entonces, ¿quién será el responsable de los datos?”, cuestionó Cancino.
Por otra parte, destacó que las sanciones contempladas por la ley son consideradas como administrativas, cuando en la ley de datos personales son un delito.
Hace unos días el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó presentar una acción de inconstitucionalidad por el nuevo registro celular.
Por su parte, Ivonne Muñoz, abogada especialista en ciberseguridad, dijo que las organizaciones, tanto públicas como privadas, creen que son dueñas de los datos y de la información, algo que quedó claro con la reforma para crear el padrón.
“Pareciera que el gobierno cree que es dueño de los datos personales de los ciudadanos, y que eso lo faculta a decidir qué toma y qué no”, destacó.
La experta en ciberseguridad subrayó que contar con el padrón es un “monstruo” en cuanto a inversión en servidores, en la base de datos y en la protección de la información.
Por otra parte, Muñoz dijo que los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar al IFT cuántas líneas telefónicas están dadas de alta con su nombre, cómo lo recabaron y quién ha visto esos datos.
“Para que pueda (el IFT) dar respuesta a eso necesita una herramienta tecnológica que haga ese rastreo de datos personales, de cuándo se alimentaron, quién los ha visto y demás”, detalló.
