Estados Unidos financió a través de su embajada en México el "programa de manejo de riesgos para la conservación preventiva y la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales", desarrollada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y que incluye una campaña en medios de comunicación y redes sociales.
En años recientes este delito se ha incrementado en el mundo.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el comercio ilegal de bienes culturales podría representar ganancias ilícitas de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares anuales.
De este programa forma parte la campaña informativa ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?, difundida en redes sociales por el INAH
El INAH señala en su página que el financiamiento fue otorgado por el Buró de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado, otorgado a través de la embajada estadounidense en México.
La campaña invita a la sociedad civil y a grupos que tienen custodia de los bienes culturales a realizar acciones preventivas para disminuir su robo.
"Miles de historias pueden perderse en un abrir y cerrar de ojos. Rompe la cadena de robo y tráfico ilícito de bienes culturales", es el eslogan de la campaña.
El INAH señala que con el robo y tráfico de bienes culturales se pierden objetos que son parte fundamental de las actividades espirituales y cotidianas de muchas comunidades.
Asimismo subraya la pérdida del acceso a los bienes culturales que son para el deleite y conocimiento de todos.
De igual manera la pérdida de oportunidades para seguir alimentando historias sobre la vida en nuestro planeta, la vida de muchos pueblos, sus saberes ancestrales y su producción artística y tecnológica.
En una primera etapa, dentro de la campaña de comunicación se llevarán acciones de divulgación con un público amplio, para crear conciencia sobre la gravedad y robo del patrimonio.
La campaña además subraya la importancia de la prevención para disminuir la vulnerabilidad y los riesgos que corren los bienes culturales ante factores externos que pueden ser dañinos, incluido, el robo.
La segunda etapa que se efectuará en el transcurso de 2021 contempla talleres de capacitación y actualización para los especialistas.
Durante el anuncio del financiamiento otorgado en 2020, el entonces embajador Christopher Landau, y el director general del INAH, Diego Proeto Hernández, anunciaron los recursos por 2.3 millones de pesos, como parte del tratado de cooperación en la materia.
México y Estados Unidos cuentan desde 1970 con un acuerdo de Cooperación para la Recuperación y Devolución de Bienes Arqueológicos, Históricos y Culturales Robados.
Para la protección de este patrimonio, México cuenta con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, y para combatir el tráfico está suscrito a la Convención para Prohibir e Impedir la Importación, Exportación y Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de la UNESCO.
Aunque el robo, tráfico y comercialización ilícita de arte sacro se ha incrementado en los últimos 15 años en América Latina y el Caribe, no hay cifras que permitan conocer la dimensión del fenómeno.
México ocupa un lugar importante a nivel América Latina, siendo Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Morelos, las entidades más afectadas en cuanto robo de bienes históricos, sobre todo de arte sacro virreinal.
Diputados federales de Puebla advirtieron en abril de 2011 que el estado se había colocado como el de mayor número de delitos en el país, y México como el primer lugar en el robo de arte sacro en toda América Latina, según la fundación ILAM.
De acuerdo con información de transparencia del INAH, de 2000 a 2011, 282 esculturas, 227 pinturas y 151 objetos de los siglos XVI al XIX, fueron saqueados de los recintos religiosos poblanos.