Imponer precios máximos a los alimentos para contener la inflación generaría efectos adversos como la creación de mercados negros, desabasto y deteriorar la competencia, opinó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con respecto a un proyecto de decreto del gobierno mexicano.
La estrategia de precios máximos está contenida en la propuesta de la Ley General de Alimentación Adecuada que llegó el pasado 26 de abril de 2022 a las Comisiones Unidas de Bienestar y Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, por lo cual el senador Gustavo Madero solicitó la opinión de la Cofece.
El análisis se dio a conocer en el Reporte Mensual de Comisión del mes de enero.
La Cofece expresó preocupación de que la iniciativa, en su artículo 34, establece que “es obligación de la Secretaría de Economía fijar precios máximos a los alimentos que por su importancia para la economía nacional o para asegurar el consumo popular así lo requieran...”.
La Constitución, destaca la Cofece, prevé un mecanismo para controlar precios como medida excepcional.
Expuso que la lógica del mecanismo constitucional “debe entenderse como un mecanismo excepcional que, en todo caso, sería implementado cuando exista plena justificación económica o emergencia social”.
“La regulación de precios sin debida justificación o racionalidad podría distorsionar el funcionamiento eficiente de los mercados”, reducir los incentivos a la innovación, generar escasez de incrementarse la demanda de bienes con precios controlados, generar mercados negros, desajuste a los aparatos para pesar los productos, entre otras cosas, advierte.
El mecanismo de control de precios, agrega, puede usarse “únicamente en mercados en los cuales no existen condiciones de competencia efectiva, puedan establecerse precios máximos".
"Esto, precisamente porque en los mercados sin competencia los agentes económicos no enfrentan presiones competitivas que permitan disciplinar los precios, lo que afecta la capacidad adquisitiva de los consumidores”, detalla.
Añadió que “en cambio, la regulación de precios en mercados competidos desincentiva la entrada, deteriora las condiciones de oferta y disminuye los incentivos de los agentes económicos para diferenciarse y competir vigorosamente entre sí”.
Señaló que es un “mecanismo rígido que podría ser una ventaja artificial para las pequeñas y medianas empresas” el obligar al gobierno a que 30 por ciento de las compras gubernamentales de alimentos e insumos primarios los provean empresas pequeñas.
Un mecanismo de control de precios es un conjunto de políticas y regulaciones implementadas por un gobierno o una institución reguladora con el objetivo de limitar o regular los precios de bienes y servicios en una economía.
Estos mecanismos pueden incluir la fijación de precios máximos, la prohibición de prácticas de precios excesivos y la creación de entidades reguladoras independientes para supervisar y enjuiciar violaciones de los precios.
El objetivo principal es evitar la inflación, la especulación y la explotación de los consumidores. Sin embargo, estos mecanismos también pueden tener efectos negativos, como la reducción de la oferta, la ineficiencia económica y la corrupción.
En 2022, la canasta de más de 100 tipos de alimentos del INEGI se encareció 12.8% y fue la mayor alza desde 1998.
