Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), indican que el número de reclamaciones por posible robo de identidad creció durante la pandemia un promedio de 11 por ciento.
Y es que el robo de identidad, es un delito que en los últimos años ha crecido de forma exponencial, afectando no sólo a los usuarios sino también la reputación de las empresas.
Pero a pesar de que se trata de un delito que se registra en todo el país de forma generalizada, aún no se encuentra tipificado a escala federal.
Por su parte, el Senado de la República refiere que actualmente más del 50 por ciento de las entidades del país cuentan con un marco jurídico local donde se tiene tipificado este delito.
Sin embargo, las sanciones varían, tanto en las penas de privación de la libertad como en las multas económicas.
16 mil robos de identidad en 2022
Condusef informó que durante el año 2022, se registraron más de 16 mil robos de identidad.
Esta cifra pone en desventaja a las empresas, ya que se estima que solamente el 23 por ciento cuenta con un plan de respuesta para inhibir este tipo de ataques.
Actualmente, en México en materia de ciberseguridad se encuentran más de una decena de iniciativas en espera de ser aprobadas por el Congreso de la Unión; entre ellas una que contempla incorporar al Código Penal Federal el concepto de delito de robo de identidad.
especialistas en el tema consideran que además de las iniciativas, para inhibir la usurpación de identidad, es viable la creación de una dependencia especializada que conozca a detalle el tema a fin de atender de forma más puntual, con personal capacitado, delitos como el robo y secuestro de datos o suplantación de identidad.
Dicho personal tendría que contar con habilidades necesarias para eficientar la persecución de delitos e inhibir técnicas sofisticadas como:
Una regulación para combatir el robo de identidad favorece a todo el ecosistema digital, debido a que la acelerada adopción de nuevos modelos de negocio tecnológicos ha obligado a las empresas a replantear sus estrategias para proteger sus operaciones y su reputación de posibles amenazas.