En menos de una semana, Puebla sumó este domingo 15 de enero dos manifestaciones contra la verificación vehicular que entró en vigor de manera obligatoria al arranque del 2023.
El viernes, un grupo de inconformes llegó a Casa Aguayo para manifestar su inconformidad y este domingo otro más salió de Paseo Bravo con rumbo al Congreso del estado.
Pese que en ambas marchas se observaron grupos menores a las 100 personas, los participantes advirtieron que las protestas continuarán.
Mañana está programada una marcha más de la que no se adelantaron detalles y los inconformes no descartan tomar calles de la capital poblana.
En esta ocasión, destacaron que la medida que propuso el gobierno del estado y aprobó el Congreso tiene un fin recaudatorio y que favorece la corrupción.
"La verificación realmente es recaudatoria, la verificación es una llave para la extorsión que ya la están utilizando los policías, los agentes de tránsito, las mismas agencias verificadoras", se expuso.
Asimismo, destacaron que la calidad del aire no es el único problema medioambiental que tendrían que atender las autoridades y los legisladores.
Al respecto, destacaron la crisis de los mantos acuíferos, la inoperancia de plantas de tratamiento de aguas negras en la zona metropolitana y los problemas que enfrentan diferentes rellenos sanitarios del estado.
El tema incluso ya ha generado reacciones políticas del mismo partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que actualmente gobierna Puebla.
El diputado federal que representa a un distrito capitalino, Alejandro Carvajal Hidalgo, empleó sus redes sociales para exponer que si bien es necesaria la vigilancia a la calidad del aire, no se toma en cuenta la crisis económica en los costos de la verificación.